Justina Gordillo tenía los ojos inundados de lágrimas y temblaba de miedo cuando personal de Homicidios le informó que quedaba detenida. La pareja de Felipe “El Militar” Sosa, funcionaria judicial de la Corte Suprema de Justicia, será acusada de haber tenido algún tipo de participación en el crimen de Érika Álvarez.
Con esta medida, el caso tuvo un giro inesperado. No sólo por la detención de la mujer, sino también por la sospecha de que habría otras tres personas señaladas. Como si eso no fuera suficiente, el gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó la demora en concretar su arresto, ya que la Policía la había solicitado el jueves.
Gordillo siempre estuvo en la mira de los investigadores, especialmente de la fiscala María del Carmen Reuter, quien por cuestiones vinculadas al cronograma de la feria judicial fue apartada de la causa. Su par, Carlos Picón, no siguió esa línea y se centró en lograr el procesamiento de Sosa. No obstante, personal de Homicidios continuó investigando el caso.
Entre el martes y el miércoles, el analista de imágenes de Homicidios comenzó a reconstruir el caso. Descubrió que el martes 6, pasadas las 21, Sosa arribó a su vivienda de Santo Domingo al 1.000 junto a Érika, a bordo de una moto KTM. Minutos después llegó Gordillo y, posteriormente, otros dos hombres. Los tres últimos dejaron el lugar, pasada la medianoche del miércoles 8.
Sin embargo, lo que ocurrió horas después terminó de complicar la situación procesal de la funcionaria. Los pesquisas, a partir del análisis de cámaras de seguridad, establecieron que Gordillo regresó varias horas más tarde al lugar y permaneció allí durante un largo período, incluso en el momento en que Sosa habría realizado distintas maniobras para deshacerse del cuerpo de la víctima.
La polémica
La Policía elaboró un informe técnico basado en el análisis realizado, respaldado además por un testimonio clave que vinculaba a la mujer con el caso. El jueves le solicitaron al fiscal Marcelo Leguizamón -el tercer funcionario del Ministerio Público que dirigía la causa- que pidiera la detención de Gordillo y de, al menos, dos de los tres hombres que surgieron de la investigación.
El viernes por la mañana, Carlos Garmendia, representante legal de la familia, pidió incorporar al expediente las entrevistas que él mismo había realizado a las hermanas de la víctima. “Dijeron que Érika participaba de tríos con ella y con Sosa, pero que no sabía que la funcionaria judicial era su pareja. También contaron que, a través de una red social, la habría al menos insultado”, sostuvo el letrado.
Ese mismo día, por la tarde, la fiscalía solicitó a los policías la realización de dos medidas. La primera consistía en convocar a los familiares de Érika para que confirmaran o descartaran si era ella quien aparecía filmada junto a Sosa en la moto. “Una hermana la reconoció por el pantalón y las sandalias que tenía puestas. Pero nos molestó mucho la actitud tanto de la Policía como de la fiscalía. La familia, con razón, se quejó porque no le estaban brindando toda la información. Por ejemplo, sólo le mostraron una parte nomás de las imágenes que tenían”, explicó el profesional.
La segunda medida consistía en realizar un allanamiento en una concesionaria para buscar el rodado que aparecía en las imágenes y que el acusado había entregado como parte de pago para adquirir una moto de mayor cilindrada, la misma que utilizó para fugarse a Buenos Aires. Esa diligencia, según confiaron fuentes judiciales, había sido solicitada una semana antes, pero el fiscal Picón habría considerado que no era necesaria. Más allá de la controversia, el sábado por la mañana se logró ubicar la KTM, que habría estado desarmada debido a tareas de mantenimiento.
La búsqueda
Ayer, por pedido de Pedro Gallo -el cuarto fiscal que intervino en el expediente y que, en principio, quedaría a cargo de la causa- y con la firma de la jueza María Alejandra Balcázar, se ordenó la detención de Gordillo, no así la de los otros mencionados. Los policías fueron autorizados a realizar allanamientos en el country Buena Vista y en el complejo Terrazas Park. No la encontraron en esos lugares, pero sí secuestraron el vehículo en el que habría sido filmada. Los efectivos se dirigieron al country Las Praderas. Gordillo se encontraba en la casa de un familiar. No opuso resistencia al momento de ser informada de su detención ni puso objeciones para entregar su teléfono celular.
Érika, según el informe preliminar de la autopsia, fue asesinada a golpes. Los investigadores creen que, por su contextura física, Gordillo no habría sido la autora material del crimen, aunque no descartan que haya tenido algún tipo de participación o que haya intentado encubrirlo. El fiscal Gallo tiene 48 horas para definir la imputación. Se le realizarán estudios de rutina para buscar pruebas en su contra, aunque es poco probable que se encuentren restos biológicos bajo sus uñas o información relevante en el celular. El prestigioso criminalista francés Edmond Locard (1866-1966) sostenía una máxima que nunca perdió vigencia: “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.
Fuente: La Gaceta