La Justicia concedió este martes el arresto domiciliario a Justina Gordillo, una de las imputadas por el presunto encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez, asesinada el 7 de enero pasado.
La decisión fue tomada por la jueza Jimena Suárez, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la querella, durante una audiencia marcada por la tensión. Tras conocerse la resolución, la madre de la víctima reaccionó con indignación y fue retirada de la sala.
Gordillo, quien se desempeñaba como empleada judicial y fue pareja de Felipe “El Militar” Sosa, deberá cumplir una serie de condiciones antes de dejar el lugar de detención: pagar una caución de $100 millones y utilizar una pulsera electrónica para el monitoreo de sus movimientos.
El caso se remonta al 7 de enero, cuando Álvarez se dirigió a la vivienda de Sosa. De acuerdo con la acusación, la joven fue asesinada a golpes en ese lugar. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Manantial Sur, donde habría sido abandonado.
Sosa está acusado como presunto autor del homicidio y fue detenido posteriormente en Buenos Aires. En paralelo, la investigación avanzó sobre Gordillo, detenida en febrero, a quien los investigadores atribuyen maniobras destinadas a ocultar el hecho y favorecer al principal acusado.
Desde hace más de seis meses, los abogados defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionan la acusación y solicitan que la mujer recupere la libertad. El planteo fue nuevamente tratado en esta etapa, mientras la causa avanza hacia la instancia de juicio oral.
Aunque la resolución le permite continuar el proceso fuera de la cárcel, Gordillo no recuperará la libertad plena: quedará sometida a arresto domiciliario, control electrónico y a la caución económica fijada por la jueza.