Tres diputados nacionales de Unión por la Patria apuraron hoy al oficialismo para que se ponga en tratamiento “de manera urgente y con carácter de preferencia” el proyecto de “ley anti empate” que busca zanjar la discusión reglamentaria sobre la designación de autoridades de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra.
A a través de una nota formal, Sabrina Selva, Juan Marino y Mónica Litza le hicieron llegar al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Nicolás Mayoraz, el pedido para que convoque a la brevedad, “sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, a una reunión para tratar el expediente número 3095-D-2025.
Este proyecto de ley, que fue encabezado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) con el impulso de otros bloques opositores como UP; Encuentro Federal y Democracia para Siempre, recibió giros a las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera) y de Peticiones y Poderes.
Desde fines de abril que la comisión no puede resolver sus autoridades, y se mantiene el empate rígido en 14 votos por bando.
Mientras que los bloques de la oposición insisten con la postulación de Selva, el oficialismo y sus bloques satélites siguen abroquelados para sostener el empate y proponen al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pese a que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.
“Es necesario garantizar el cumplimento de los fines para los cuales fue creada la comisión investigadora por la estafa $Libra, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”, señalaron Selva, Marino y Litza en la nota a Mayoraz.
Según enfatizaron, “la resonancia política y judicial, no sólo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el Presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta Honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”.
“Es por todo lo expuesto que para cesar con todas las maniobras dilatorias, le solicitamos que el expediente mencionado reciba tratamiento urgente y preferente despacho”, cerraron.
Más allá de la presión ejercida por Unión por la Patria, Mayoraz no está obligado a ceder a la solicitud, a menos que se vote en una próxima sesión un emplazamiento de las respectivas comisiones.
La iniciativa opositora, que busca sacar a la comisión de la parálisis, regula el funcionamiento y establece una metodología muy concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucede desde hace más de dos meses.
El criterio es que cuando hay empate entre candidatos, se procede a sumar la totalidad de integrantes de cada uno de los bloques a los que pertenecen los miembros de la comisión.
Concretamente, la oposición plantea que la oposición plantea en su proyecto que cuando haya empate en la votación de las autoridades, sea “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara”.
En línea con esto, se plantea que “la vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques o interbloques que hayan impulsado al presidente designado”.
Para el quórum, se requiere la mitad más uno de los miembros, en tanto que “la toma de decisiones” requiere de una “mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que la presente establezca expresamente una mayoría calificada”.
Y “en caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del Presidente de la Comisión”.
Además, la iniciativa propone un plazo de tres meses desde la elección de las autoridades para la entrega de un informe final (a receptar por el pleno de la Cámara baja) que resalte los hechos investigados y los resultados obtenidos.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados firmantes señalaron que desde «la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada «$LIBRA», el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios».
“Lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión”, afirmaron.
En este sentido, recordaron que para ampliar la cantidad de representantes en la comisión, el oficialismo y sus aliados manipularon artificialmente la composición cuantitativa de sus bloques de forma “oportunista”, ya sea fraccionando las bancadas o creando interbloques.
Lo que omitieron mencionar es que de alguna manera Unión por la Patria convalidó ese proceder irregular emulando la misma maniobra: prestándole dos diputadas al Frente de Izquierda para que en conformidad con la fórmula matemática prevista en el proyecto de resolución a ese bloque le correspondiera un integrante adicional.
“Producto de esta ingeniería parlamentaria oportunista, la comisión quedó integrada por 28 miembros, con una paridad de 14 diputados que promovían la investigación y 14 dispuestos a bloquearla. Este empate fue funcional al objetivo real del oficialismo: impedir que la comisión sesione y que se designen autoridades”, indicaron.
En la reunión del 30 de abril, después de materializarse el empate en 14, “el oficialismo expresó la necesidad de concluir la reunión y tomar dos semanas para, a través de diálogos informales, arribar a algún consenso sobre las autoridades”.
“Ese diálogo jamás existió, ni hubo voluntad política ni gestos concretos para permitir que la comisión funcionara y cumpliera su objeto”, sostuvieron.
Pese a que en el último encuentro, que a falta de presidente fue coordinado por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, se pudo avanzar al menos en la citación de invitados a propuesta de cada bloque, sigue pendiente lo más trascendental que es definir su conducción.
La presidencia de la comisión establece las reglas del juego: maneja los tiempos, arbitra en las controversias, solicita oficios, dispone medidas y citaciones, y lo más importante, desempata votaciones igualadas.
Por eso, es determinante la batalla por quién conduce la comisión y a qué signo político pertenece.
“Este proyecto no se limita a una cuestión procedimental ni responde a una lógica de especulación política. Está en juego la capacidad del Congreso de ejercer su función de control ante hechos graves que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”, subrayaron los diputados opositores en los fundamentos del proyecto.
“La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad”, concluyeron.
El proyecto lleva las firmas de Ferraro, Selva, Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada.