El escenario de la industria textil argentina cambió enormemente con la apertura indiscriminada de importaciones a partir de diciembre de 2023. Ya desde antes había malestar en el sector, pero esta semana se sumó un nuevo caso de concurso preventivo de quiebra ante la justicia: el de Fantome Group, la compañía que solía confeccionar los productos de Kappa o Reebok en el país.
Según consta en un artículo de Infobae, hasta la fecha el Banco Central tiene un registro de 33 cheques emitidos por Fantome Group que fueron rechazados por falta de fondos, llegando a acumular una deuda de $ 44.978.000, claro ejemplo de falta de liquidez.
En su presentación judicial los encargados de Fantome explicaron que el «quiebre estructural» de la compañía sucedió en 2020, cuando la marca Kevingston dejó de fabricar sus productos en el país y recurrió a las importaciones. En ese momento se «cayó» el contrato con «el cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo».
Antes de esa fecha Fantome había producido indumentaria para marcas como Billabong, Mimo y Kosiuko en su planta de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, con un staff de hasta 120 personas.
Hoy tiene sólo 20 empleados activos y no logró reconvertirse en una empresa minorista ni siquiera con el desarrollo de una marca propia y un local en el barrio de Belgrano.
La compañía fue fundada en 2017 y desde 2018 tenía su planta en funcionamiento con un modelo completo de producción en la industria textil: hacía desde el diseño de las prendas hasta distribución.
Por eso entre 2022 y 2025 pudo hacerse cargo de un contrato con Distrinando S.A., la firma licenciataria de Kappa y Reebok en Argentina, para la fabricación de indumentaria deportiva.
El problema es que entre la caída del consumo y la finalización del contrato con Distrinando la compañía de Villa Devoto no pudo sostener ni su estructura ni su deuda.
Tanto es así que el 14 de julio de 2025 la justicia comercial trabó dos embargos contra las cuentas bancarias de la empresa por un valor total de $ 130 millones, que siguen pendientes de pago.
En su presentación judicial los encargados señalaron la competencia de «muchos actores que comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado», pero también se hicieron eco de las dificultades para afrontar el aumento en los precios de insumos y tarifas de energía así como tambien en las cargas de salarios e impuestos.