“No podemos descartar nada hasta que se sepa fehacientemente cuál fue el móvil del crimen. Sin embargo, hasta aquí no hay indicios de que este haya sido un crimen narco”, señaló Carlos Garmendia, querellante de la familia de Érika Antonella Álvarez.
El profesional sabe que el caso está atravesado por cuestiones vinculadas al narcotráfico. Por esa razón, solicitó que la Justicia Federal inicie una investigación sobre esta cuestión. Garmendia anunció que el principal punto a analizar era la relación que mantenía con Carlos “El Mayor” Ferreira.
“Hay evidencia de que él la quería mucho. Había una vinculación sentimental. Pero también es muy probable que este hombre la haya usado para organizar reuniones en las que se podrían haber tratado temas vinculados al narcotráfico. En esos encuentros habrían participado policías tucumanos que estaban involucrados en ese delito”, especificó Garmendia. “Contamos con una fotografía de un encuentro que se realizó en una vivienda de El Cadillal”, añadió el abogado.
Marcelo Cosiansi, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, también se refirió a los vínculos narcos que existen en el expediente. “Las declaraciones reconstruyen a Érika en un contexto atravesado por el consumo, los vínculos con personas del ambiente de la droga, las relaciones inestables, conflictos y un entorno donde el dinero, la noche y el riesgo formaban parte de su cotidianidad”, expresó.
Peso real
“Se habla de proveedores, de venta, de personas con poder, de miedo, de persecución; de una mujer que, en los últimos tiempos, sacaba fotos a patentes y decía que la seguían. Y dentro de ese mundo aparece este ‘Carlos’, no como una anécdota, sino como alguien con peso real en su vida”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Cosiansi negó que esta línea sea una estrategia defensiva. “El punto de fondo no es menor. No se trata de negar lo ocurrido, sino de determinar cómo sucedió realmente. Y eso no puede hacerse ignorando partes del propio expediente”, finalizó el defensor.