El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en el debate de un nuevo Código Ambiental que propone un endurecimiento sin precedentes de las sanciones para quienes cometan infracciones vinculadas a la contaminación, la gestión de residuos, el cuidado de espacios públicos, la protección de recursos naturales y el ordenamiento urbano. La iniciativa contempla multas que podrían alcanzar los $ 1,9 millón por infracción y, en casos excepcionales, elevarse hasta los $ 9,5 millones.
El proyecto establece un amplio régimen sancionatorio destinado a combatir problemáticas ambientales recurrentes en la capital tucumana, como la proliferación de basurales, la quema de residuos, la contaminación sonora, la disposición irregular de escombros y la degradación de espacios verdes.
Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta al tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU). La creación de microbasurales podría ser sancionada con multas que oscilarían entre los $ 190.000 y los $ 770.000. En tanto, la acumulación de chatarra en terrenos baldíos tendría una penalización cercana a los $ 380.000. También se prevén multas de hasta $ 96.000 para quienes depositen residuos fuera de los horarios permitidos.
Los establecimientos considerados grandes generadores de residuos —aquellos que producen más de 30 kilos diarios de basura— deberán inscribirse en un registro específico, realizar la separación en origen y contratar servicios de recolección diferenciada. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones de hasta $ 960.000.
La quema de residuos también figura entre las conductas más severamente castigadas. Las multas podrían alcanzar los $ 575.000, monto que se duplicaría en caso de reincidencia, además de contemplarse la clausura de la actividad responsable.
Otro de los capítulos del proyecto se enfoca en la preservación de los recursos hídricos. La iniciativa prohíbe el llenado total o parcial de piscinas mediante la red domiciliaria de agua potable en inmuebles que no cuenten con medidor. Para piletines de hasta tres metros cúbicos se exigiría la adquisición de un cupón de consumo extraordinario proporcional al volumen utilizado, mientras que las piscinas de mayores dimensiones deberían abastecerse mediante camiones cisterna habilitados. Las infracciones podrían ser castigadas con multas de hasta $ 575.000.
La protección de ríos, canales y desagües también ocupa un lugar destacado dentro de la normativa. Arrojar residuos en estos espacios podría derivar en sanciones de hasta $1,1 millón, además de clausuras y suspensión de licencias. Cuando se trate de vertidos de líquidos industriales, la multa máxima ascendería a $1,9 millón.
La propuesta incorpora además un apartado destinado a la calidad ambiental urbana y la salud pública. Allí se contemplan sanciones para quienes generen contaminación sonora o visual fuera de los horarios permitidos, especialmente antes de las 7 y después de las 22. Se incluyen conductas como la emisión de ruidos molestos, el uso indebido de amplificadores de sonido, la colocación de publicidad no autorizada y la utilización de iluminación excesiva o mal orientada. Las multas previstas van desde los $95.000 hasta los $1,5 millón.
En materia de tenencia responsable de animales, el proyecto sanciona la falta de recolección de excrementos de mascotas con multas de entre $ 8.000 y $ 40.000, montos que se duplicarían en casos de reincidencia.
También se prevén penalidades para quienes generen olores ofensivos, con sanciones de hasta $ 190.000, y para quienes incumplan con la limpieza de tanques de agua, con multas que podrían llegar a los $290.000. El texto incorpora además disposiciones vinculadas a seguridad alimentaria y sanitaria.
La protección de los espacios verdes constituye otro de los pilares de la iniciativa. La tala o poda sin autorización podría generar multas cercanas a los $ 700.000. Asimismo, se penalizaría la instalación de estructuras, escenarios, fogatas o campamentos en plazas y parques sin los permisos correspondientes.
La actividad comercial no autorizada también quedaría alcanzada por el nuevo régimen. La venta ambulante, la instalación irregular de ferias y la comercialización de alimentos, bebidas u otros productos sin habilitación podrían ser castigadas con multas que irían desde los $ 95.000 hasta los $ 380.000. Además, se propone el decomiso de mercaderías, bienes y equipos utilizados en la infracción.
Dentro del capítulo dedicado al vandalismo ambiental, el proyecto contempla sanciones de hasta $ 190.000 para quienes dañen árboles, canteros, mobiliario urbano o murales vinculados a la temática ambiental.
Las obras de construcción y demolición también estarán sujetas a controles más estrictos. La falta de medidas para evitar la dispersión de polvo y partículas podría ser sancionada con multas de entre $290.000 y $960.000. Por otra parte, los responsables de obras cuyos vehículos salgan a la vía pública sin limpiar adecuadamente las ruedas y ensucien calles, veredas o desagües con barro, cemento u otros materiales deberán afrontar multas que podrían alcanzar los $1,5 millón, además de estar obligados a limpiar inmediatamente los sectores afectados.
La disposición indebida de residuos de construcción o su mezcla con residuos domiciliarios podría derivar en sanciones económicas de hasta $ 1,5 millón.
El proyecto también incorpora medidas correctivas que van más allá de las multas monetarias. Quienes arrojen papeles, colillas de cigarrillos, envases u otros residuos menores en la vía pública podrían recibir sanciones de entre $ 8.000 y $ 60.000. En caso de reincidencia, además del castigo económico, se prevé la participación obligatoria en jornadas de limpieza o actividades de concientización ambiental organizadas por el municipio.
Las empresas de servicios que mantengan cableado aéreo en desuso podrían recibir multas de hasta $ 1,1 millón, además de enfrentar sanciones complementarias como la suspensión de licencias municipales y la notificación a las autoridades nacionales competentes en telecomunicaciones. El goteo de equipos de aire acondicionado también será considerado una infracción, con penalidades cercanas a los $ 190.000.
Para determinar las sanciones económicas, el proyecto crea la Unidad de Multa (UM), cuyo valor estará vinculado al precio de venta al público de un litro de nafta súper de YPF en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de San Miguel de Tucumán.
La iniciativa establece que las multas ordinarias no podrán superar los $ 1,9 millón por infracción. No obstante, en situaciones de especial gravedad, considerando factores como la magnitud del daño ambiental, la intencionalidad de la conducta o la capacidad económica del infractor, las sanciones podrían elevarse hasta los $ 9,5 millones.
Finalmente, el proyecto dispone que las penalidades se aplicarán bajo criterios de proporcionalidad, evaluando el daño ocasionado, la reincidencia, las condiciones personales y económicas del responsable y el eventual beneficio económico obtenido mediante la infracción.
Fuente: Contexto