El Gobierno de Cuba denunció este martes el impacto de las restricciones de Estados Unidos a la importación de combustibles sobre la generación eléctrica en la isla caribeña.
Según la posición expresada por Cuba, el cerco energético, junto con otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituye un «acto de genocidio» y un castigo colectivo contra la población cubana, además de una violación del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló en la red social X que «100 millones de dólares», monto similar a la pregonada ayuda humanitaria ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos, equivalen solo al combustible necesario en Cuba para la generación eléctrica limitada por dos semanas».
El canciller explicó que el bloqueo energético y de combustibles impuesto por Washington impide la importación de fuel y diésel para los grupos electrógenos de la generación distribuida, cuyo funcionamiento permitiría reducir los apagones, así como la adquisición de paneles solares y baterías destinados a nuevos parques fotovoltaicos.
Cuba presentará los días 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe que sustenta el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».
El informe establece que, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los daños provocados por el bloqueo estadounidense contra Cuba ascendieron a 8.083 millones 300.000 dólares a precios corrientes, cifra que constituye un récord hasta el momento.
De acuerdo con el documento, la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos del 29 de enero decretó el bloqueo de combustibles, lo que impide los suministros, incluso aquellos pagados, debido a la amenaza de sanciones, además de intimidar y acosar a las compañías propietarias de buques tanqueros.
Las medidas también amenazan a las navieras y les prohíben transportar partes y piezas destinadas a las centrales termoeléctricas cubanas, algunas con más de 40 años de explotación.
Aunque Cuba ha acelerado la transformación de su matriz energética hacia la generación solar, el informe señala que las restricciones también amenazan el suministro de paneles solares y baterías para los nuevos parques fotovoltaicos.
El documento indica que Cuba ha desarrollado capacidades para instalar esos parques en 45 días, pero las medidas dirigidas contra las navieras dificultan la llegada de los componentes necesarios para esas instalaciones.