La Legislatura de Tucumán transita la etapa decisiva del proceso para designar al próximo Defensor del Pueblo, en un escenario atravesado por tensiones internas que se remontan a la elección de 2021, cuando Eduardo Cobos accedió al cargo en una votación breve pero cargada de consecuencias políticas que fracturó al oficialismo y generó repercusiones institucionales que aún resuenan en la Cámara.
El mandato de Cobos concluirá el 7 de marzo y, en ese contexto, el Poder Legislativo activó el mecanismo de selección para su reemplazo. La convocatoria a postulantes se publicó el 3 de febrero, cumpliendo con lo dispuesto por la normativa que regula la Defensoría del Pueblo, que establece un plazo de cinco días hábiles para la presentación de candidaturas. En total, se registraron 46 aspirantes cuyas carpetas fueron ingresadas para su análisis en las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos.
Entre los interesados figuran profesionales de diversas áreas, ex funcionarios, el actual titular del organismo y personas que ya ocuparon el cargo en períodos anteriores.
La lista completa incluye a Ramón Acuña, José Alcaraz, Estela Apud, Rolando Argañaraz, Claudia Boyanovsky, Mabel Bravo, Eduardo Cobos, Álvaro Contreras, Clelia Cruz Sánchez, Raúl Carlos Daniel, Agustín Fernández, Christian Fernández, Gustavo Gaón, Martín Garzón, José García, Juan Manuel Guevara, Elsa Hasán Jalil, Julio Herrera Piedrabuena, María Cristina Idígoras, Fernando Said Juri, Jorge Lobo Aragón, Francisco Mejías, Daniel Mendoza, David Mizrahi, Paula Nemer, Lourdes Núñez, Miguel Paz, Julio Picabea, Silvana Pinto Gallardo, Daniel Alberto Ponce, Pedro Prioris, Alejandra Racedo, José Ramos, Jorge Rocha, Juan Eduardo Rojas, Sebastián Uro Romero, Eduardo Sarris, María Pamela Tenreyro, César Toledo, Sonia Toledo, Gustavo Usandivaras, Julio Valdez, María Celeste Vales, Rubén Darío Vega Herrera, Facundo Vergara y Mónica Villa.
El procedimiento se encuentra actualmente en la fase de impugnaciones, instancia que permite a la ciudadanía objetar candidaturas que no cumplan con los requisitos legales. Para aspirar al cargo se exige ser ciudadano natural en ejercicio o legal con al menos dos años de antigüedad, tener 25 años de edad como mínimo y contar con domicilio en la provincia durante los dos años previos a la designación. Según explicó la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de ambas comisiones, la comunidad tuvo plazo hasta el viernes pasado para presentar impugnaciones y, entre el 24 y el 26 de febrero, los postulantes cuestionados podrán realizar sus descargos.
Concluida esa etapa, las comisiones deberán reunirse de manera conjunta para evaluar los antecedentes y elaborar un dictamen con la terna de candidatos que será elevada al recinto para su tratamiento en sesión pública. A diferencia de otros procesos institucionales, como la selección de magistrados judiciales, no están previstas entrevistas personales a los aspirantes. La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales está integrada por Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos, mientras que en Peticiones y Acuerdos participan Vargas Aignasse, Ocaranza, Carlos Najar, Sergio Mansilla, Adriana Najar, Maia Martínez y Ricardo Bussi.
El calendario legislativo establece que el martes 3 de marzo será la fecha límite para la definición de la terna. La parlamentaria remarcó que el procedimiento se ajusta estrictamente a lo fijado por la ley, que determina plazos precisos para cada etapa y exige dar publicidad a todo el proceso. Dado que el mandato del actual defensor vence durante un fin de semana, en la Legislatura se analiza convocar a una sesión especial en los días previos, posiblemente en la primera semana de marzo.
Aunque el trámite se desarrolla en el plano institucional, en el ámbito político circulan versiones que ubican al ex diputado Agustín Fernández como uno de los postulantes con mayores posibilidades. El dirigente, identificado con el espacio que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo, presidió el bloque Independencia en el Congreso nacional durante los primeros años del gobierno libertario, adoptando en varias ocasiones posiciones alineadas con la Casa Rosada, lo que generó controversias dentro del justicialismo.
La normativa vigente establece que el Defensor del Pueblo será designado por resolución de la Legislatura con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros en una sesión especial y pública convocada a tal fin. La Constitución provincial otorga al titular del organismo las mismas inmunidades y prerrogativas que a los legisladores y dispone que sólo puede ser removido mediante juicio político.
El rol del Defensor del Pueblo comprende la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y de los intereses individuales, colectivos y difusos consagrados en la Constitución provincial, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes, frente a actos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal o de prestadores de servicios públicos, con actuaciones gratuitas para los ciudadanos.
Asimismo, la Carta Magna establece que el ómbudsman debe rendir cuentas anualmente ante la Legislatura en una sesión pública especial, instancia que, según se señala, no se habría cumplido al menos en los últimos cinco años.