La investigación judicial por el ataque sufrido por Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle atraviesa una fase decisiva, marcada por el análisis de evidencias por parte del fiscal Gerardo Salas y por el despliegue de estrategias contrapuestas entre la querella y las defensas, que comenzaron a exponer sus principales líneas argumentales.
El hecho denunciado ocurrió el jueves 29, cuando la madre del joven sostuvo que su hijo había sido golpeado por un grupo de personas a la salida del local bailable La Cañada. En ese contexto, la fiscal Mónica García de Targa imputó a Santiago Bagne y a César Máximo Carreras por el delito de lesiones graves en grado de tentativa, con los agravantes de haber sido premeditadas y cometidas con la intervención de varias personas.
Un punto de inflexión en el expediente fue la declaración indagatoria de Bagne, quien, al igual que Carreras, estuvo alojado en el penal de Benjamín Paz. En su testimonio, el joven aportó una reconstrucción de los incidentes que, según dijo, se habrían producido en tres episodios diferentes en el lapso de menos de una hora, y mencionó a otros posibles involucrados en los hechos.
En paralelo, la abogada Paula Morales Soria, defensora de Santiago Fernández y de Mariano Costa Rojano —dos jóvenes señalados en la causa—, anunció que desde el lunes comenzará a presentar testigos que sostendrán que sus asistidos no participaron de ninguna agresión. Según afirmó, hasta el momento no existen elementos que justifiquen su eventual investigación.
La letrada también indicó que continúa reuniendo pruebas con el propósito de promover una denuncia contra Ledezma. En ese sentido, sostuvo que cuentan con evidencias para solicitar que se lo investigue por presunto abuso sexual, al considerar que el denunciante habría acosado a una joven, lo que habría desencadenado el incidente.
Morales Soria adelantó que, una vez concluido el actual proceso, no descarta efectuar una presentación adicional en contra del joven agredido, al estimar que existen indicios para sospechar que su denuncia habría sido armada y no reflejaría lo que realmente ocurrió.
Desde la querella, el abogado José María Molina solicitó una batería de medidas destinadas a profundizar la investigación. Entre los pedidos reiteró la necesidad de realizar con urgencia el peritaje de los teléfonos celulares de los dos imputados y que se reciba declaración a un menor de edad que, según fuentes judiciales, podría aportar datos sobre otro episodio de violencia que habrían protagonizado los acusados en la causa.
Asimismo, requirió que se convoque a declarar a dos testigos considerados relevantes para su hipótesis: Lucas Carrión, a quien Bagne identificó como una de las personas que intervino para frenar la pelea, y Gabriel Orellana, quien podría desempeñarse como jefe de seguridad del boliche donde se registró el primer incidente de esa noche.
Molina también pidió que el fiscal solicite a la división de Delitos Telemáticos una mejora en la calidad de las imágenes de los videos ya analizados, con el objetivo de identificar con mayor precisión a quienes aparecen en el tumulto registrado durante la agresión.
En tanto, los defensores Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate —quienes representan a Bagne y a Belisario Iturbe, otro joven mencionado en la causa—, junto con Ángel Fara y Daniel Medina, abogados de Carreras, adelantaron que en los próximos días ofrecerán nuevos testigos que aportarán su propia versión sobre lo sucedido aquella noche.
Con estas medidas en curso y con las distintas hipótesis en pugna, la investigación se encamina hacia definiciones que podrían reconfigurar el cuadro de responsabilidades penales en torno a la violenta agresión ocurrida en Tafí del Valle.