Este jueves comenzará en la Cámara de Diputados el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, por cuya autoría ideológica se adjudica a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que acusa a los magistrados de liderar una conspiración para perseguirla y proscribirla, y al que el Frente de Todos y el presidente Alberto Fernández decidieron abrazarse como señal de unidad de una coalición de gobierno en el que las diferencias internas son cada vez más profundas.
La reunión de la Comisión de Juicio Político -que había sido convocada para las 11- será el primer round de una pelea que el oficialismo pretende que sea de largo aliento y que se extienda, de ser posible, hasta mitad de año, cuando la agenda política empiece a entrar de lleno en la campaña electoral.
Por lo pronto, todas las declaraciones de los protagonistas indican que esta primera reunión será apenas una formalidad, casi como una suerte de apertura de la comisión para funcionar en el período de sesiones extraordinarias que habilitó el Poder Ejecutivo este lunes y que se extenderá hasta el 28 de febrero.
Así se lo transmitió la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard (Entre Ríos), a Juan Manuel López (Coalición Cívica-Buenos Aires), vicepresidente de Juicio Político. La idea es que este jueves se pueda fijar la agenda del tratamiento del juicio político.
Se trata de un cronograma que ya tendría, al menos, dos estaciones definidas. La semana próxima, el 2 de febrero, la comisión volvería a reunirse para que quienes hayan presentado expedientes contra los magistrados ratifiquen sus acusaciones. Siete días más tarde, comenzaría el debate fuerte, ya que se someterá a discusión la admisibilidad de las denuncias.
El oficialismo tendría asegurado el inicio de los procesos. Con 16 diputados sobre un total de 31 miembros, ostenta una mayoría absoluta que le permitirá imponerse en las votaciones. Lo mismo ocurrirá ante cada pedido de presencias de testigos y de pruebas o en la puja por la interpretación del reglamento que fuerce el Frente de Todos. El panorama es diferente en el recinto, donde el kirchnerismo está a años luz de conseguir el voto de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para que la acusación de un juicio político pase al Senado, que oficia de tribunal de sentencia en estos casos.
No obstante, nadie descarta que en medio de la tensión política que agudizó el embate del peronismo contra la Corte derive en una discusión de alto voltaje. “Si mañana (por este jueves) se ponen a defender la procedencia del juicio, nosotros nos veríamos en la obligación de defender su improcedencia”, advirtió Pablo Tonelli (Pro-Capital).
Los miembros de la Comisión de Juicio Político y las autoridades del interbloque de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles al mediodía y ratificaron su total rechazo al proceso contra los jueces de la Corte que desde fines de diciembre instaló el gobierno de Alberto Fernández.
“Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quorum”, afirmó el líder del bloque radical, Mario Negri (Córdoba), en un comunicado posterior al encuentro. No pareciera ser un inconveniente para el oficialismo que, como se dijo, tiene la mayoría en la comisión.
Aunque el día para fundamentar las acusaciones será recién dentro de dos semanas, el debate ya está a flor de piel en los dos campamentos políticos enfrentados en esta contienda.
“El planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico, es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal”, afirmó Negri. “Este proceso persigue dos objetivos: evitar que se hable de los temas importantes del país, como el 100% de inflación, el 50% de pobreza y el 70% de jubilados pobres, y poner en agenda los temas judiciales de Cristina Kirchner al transmitir la idea de que hay un Poder Judicial podrido que la persigue”, denunció Omar de Marchi (Pro-Mendoza).
Desde el oficialismo sostienen que varias de las sentencias de la Corte “demuestran parcialidad y arbitrariedad”, causales que fundamentarían el mal desempeño de los magistrados en el cumplimiento de sus funciones. Así, el kirchnerista Eduardo Valdés (Capital), que encabeza la acusación impulsada por el oficialismo, acusó a la Corte de haber actuado con parcialidad en el juicio por los fondos de la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al no atender el pedido de los 14 gobernadores peronistas para que sean tomados como amicus curiae en la causa.
Si bien iba a ser el gobierno nacional el que impulsaría la acusación contra los jueces del alto tribunal, el escrito fue presentado por un grupo de diputados oficialistas encabezados por Valdés, a quien se lo pudo ver el martes visitando el despacho de Cristina Kirchner en medio de la agenda paralela de reuniones con mandatarios americanos que mantuvo la vicepresidenta en el inicio de la semana.
Valdés será uno de los que tendrá que exponer la semana próxima. También estarán invitados los diputados de la Coalición Cívica que hace año y medio presentaron un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Además del jurista santafesino, el Frente de Todos pretende remover a los otros tres jueces: Horacio Rosatti, actual presidente del tribunal, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. La quinta poltrona está vacante desde que Elena Highton de Nolasco renunció al cargo, el 1 de noviembre del 2021.