Después de anunciar su vuelta a los escenarios el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, Pity Álvarez continúa con un interrogante abierto: la causa que lo tiene imputado por homicidio agravado con arma de fuego de portación ilegal, ocurrido el 11 de julio de 2018 en el barrio porteño Cardenal Samoré contra Cristian Díaz, aún no tiene fecha de juicio. La justicia sigue investigando las circunstancias del hecho.
Desde aquel episodio, el músico pasó por distintos regímenes de detención, incluyendo alcaidías, penales, centros de salud mental y arresto domiciliario con tobillera electrónica, alternando con libertades progresivas condicionadas. Durante este tiempo, Álvarez debió cumplir tratamientos psiquiátricos y de salud integral debido a comorbilidades como diabetes, EPOC e hipertensión.
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Ciudad de Buenos Aires había fijado el inicio de las audiencias para el 22 de febrero, pero fueron suspendidas “hasta que el imputado se encuentre en condiciones psíquicas de afrontar el juicio”, ya que algunos peritajes sobre su estado cognitivo no eran concluyentes. Desde entonces, el proceso permanece postergado.
Periódicamente, cada tres o cuatro meses, el tribunal solicita al Cuerpo Médico Forense informes sobre su estado para determinar si Álvarez puede declarar y comprender un eventual fallo. Con el anuncio de su regreso a los escenarios, el juzgado volvió a solicitar estas evaluaciones y se esperan los resultados de los nuevos estudios y peritajes.
En septiembre de 2021, se le permitió iniciar un tratamiento de salud mental en un centro terapéutico de Castelar, dentro del programa Prisma, que reemplazó a la antigua Unidad 20 del Hospital Borda. En junio de 2022 obtuvo detención domiciliaria con tobillera electrónica en la vivienda de su madre en Villa Lugano. Cien días después, se flexibilizó el régimen: pudo circular fuera de su casa y dejó de usar el dispositivo, tras la firma de su madre que se comprometía a “constituirse como referente de su hijo a los fines del cumplimiento de las obligaciones que eventualmente se le impusieran”.
La resolución indicaba que “luego de seis meses de tratamiento, se puede decir que no representa peligro ni para sí ni para terceros”, y que “las facultades mentales se encuentran estabilizadas”. Sin embargo, debía cumplir condiciones: abstenerse de consumir alcohol y drogas, no asistir a eventos públicos con venta de alcohol, moverse solo dentro del área AMBA y no acercarse a menos de 200 metros de la familia de Cristian Díaz.
En ese momento, allegados al músico aseguraron a Página/12 que “acataba todas las normas de conducta y se comunicaba con el poder judicial siempre que era necesario, además de tener un trato muy ameno en las distintas visitas que recibía por la causa: incluso varios funcionarios indicaban que Pity era adorable”. Más recientemente, fuentes comentaron que los resultados de los tratamientos fueron mixtos, aunque “las salidas recreativas que le fueron concedidas las realizó sin problemas”.
Gracias a estas autorizaciones, Álvarez ahora podrá volver a los escenarios, con un recital previsto para el viernes 5 de diciembre de 2025 en Vélez, casi diez años después de su último show, que había sido el 29 de octubre de 2016 en Tandil. /Página 12