La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este domingo, mediante un decreto, el cierre y liquidación de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en los Estados Unidos.
El decreto 5248, busca reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, argumentando la necesidad de adaptar la estructura del Ejecutivo a “nuevas directrices y políticas de orden social”, según se fundamenta desde el Gobierno.
Entre los organismos que se eliminan se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar la coordinación de información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores, y para “unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles” del Estado.
También se elimina la Fundación Propatria 2000, que se encargaba de la ejecución de obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales. Esta entidad es la que más denuncias de corrupción recibió en los últimos años.
Por ejemplo, entre 2013 y 2015, el proyecto “Gimnasios Verticales”, dentro de Propatria, fue señalado por adjudicar contratos millonarios a empresas sin experiencia y con vínculos irregulares, algunas investigadas por lavado en Colombia y Panamá.
Igual suerte correra desde hoy la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, dedicada a impulsar proyectos de formación, producción y emprendimiento dirigidos a la población juvenil.
También se cierra la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) creada en 2011 para coordinar y ejecutar acciones de desarrollo urbanístico, arquitectónico y paisajista, que registra varias denuncias.
En los últimos años se denunciaron allí contrataciones directas y sin licitación en proyectos emblemáticos, como el mausoleo de Bolívar, y otras obras inconclusas o sobrevaloradas.
La misma suerte de cierre se aplicará desde el Ejecutivo venezolano a la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), que se encontraba funcionando desde 1986 para la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
El decreto ordena el inicio inmediato del proceso de liquidación de estos organismos y la conformación de una junta que supervisará el cierre administrativo, la revisión de bienes y la adecuación institucional.