La justicia investigará una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Economía Luis Caputo por delitos relacionados con el mal manejo del gobierno para combatir los devastadores incendios en el sur del país.
La denuncia fue realizada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Gregorio Dalbón y apunta a la desfinanciación por parte del Gobierno Nacional de áreas ambientales y de gestión de incendios.
El abogado pidió la indagatoria de los funcionarios por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público e infracción a la Ley de Manejo del Fuego”.
El escrito judicial hace referencia a “la drástica reducción de recursos destinados a la prevención y combate de incendios, sumado a la falta de ejecución de los presupuestos asignados a la gestión de emergencias ambientales”.
Ello, según el abogado, “implica una violación deliberada del deber de cumplir y hacer cumplir las leyes que garantizan la protección del ambiente y la seguridad de la población”.
“La falta de inversión en infraestructura, la reducción drástica del presupuesto destinado al manejo del fuego y los despidos masivos en áreas clave han convertido lo que podría haber sido una emergencia controlable en una crisis sin precedentes”, advirtió el abogado en la denuncia.
El letrado remarcó que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo fundamental para la protección ambiental y la respuesta a incendios forestales, “ha sido víctima de recortes presupuestarios brutales que han reducido su operatividad a niveles alarmantes”.
Dalbón denunció que la falta de equipamiento adecuado “es el resultado directo de una política que, lejos de atender las necesidades urgentes del país, se enfoca en gastos militares mientras desmantela los mecanismos de prevención y respuesta ante catástrofes”.
Reducción en el presupuesto para combatir incendios
La denuncia alude a un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que indicó que la subsecretaría dispone un tercio del presupuesto en comparación con el año 2023.
Además, la participación del área de Ambiente en el presupuesto nacional total cayó un 28,9% en relación con el período anterior.
“Por otro lado, la Administración de Parques Nacionales también experimentó una reducción real del 63,4% en su presupuesto, estas partidas representan sólo el 0,16% del presupuesto nacional total”, dice la denuncia.
La presentación remarcó que la transformación del anterior Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una subsecretaría implica una reducción significativa de su presupuesto, “representando solo el 0,066% del total, lo que supone una caída del alrededor de un 25% respecto al año anterior”.
“En suma, las partidas asignadas para la protección de bosques nativos representan apenas el 2,56% de lo estipulado por la Ley de Bosques, con una disminución real del 27%”.
Criminalización de las comunidades mapuches
Dalbón señaló que, en lugar de asumir la responsabilidad, el gobierno ha optado por “una estrategia de criminalización hacia las comunidades mapuches, desviando la atención de su propia negligencia”
“La Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha advertido sobre el uso de discursos estigmatizantes para justificar políticas represivas contra comunidades originarias”.
Para el abogado, la acusación contra el pueblo mapuche “parece alinearse con la estrategia del gobierno de desmantelar políticas ambientales y de gestión del fuego, evitando así asumir las consecuencias de su inacción”.
Medidas
Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) remita toda información relacionada a “la cantidad y estado operativo de los aviones hidrantes disponibles para la lucha contra incendios”.
También que se requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros la remisión de toda documentación relativa a la ejecución presupuestaria del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y de otros programas de prevención de incendios desde diciembre de 2023 hasta la fecha con indicación de montos asignados, recortes aplicados y desvíos de fondos a otras áreas.
Entre las medidas, el abogado pidió que se requiera a los gobiernos provinciales de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén la realización de un informe detallado sobre los pedidos de asistencia realizados al Gobierno Nacional para combatir los incendios.
Deberán indicar las respuestas obtenidas y, en caso de corresponder, “qué recursos les fueron negados”.