La diputada Graciela Ocaña denunció a la titular del PAMI, Luana Volnovich, a un grupo de funcionarios del organismo, y a la empresa La Comuna Atesh S.R.L por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica, luego de que trascendiese la compra de cotillón con motivo del Mundial del Fútbol por un valor superior a los 14 millones de pesos.
En el escrito la diputada apunta que Santiago Augusto Corvalán Olivera, gerente de Administración del PAMI, aprobó la compra “de forma directa” de cotillón con los colores de la bandera argentina por un importe total de 14.079.450 de pesos, que incluía porras y vuvuzelas.
En la denuncia, Ocaña sostiene que la compra debe ser investigada por la justicia por “la altísima suma de dinero gastada para cotillón cuando el Instituto tiene serias deficiencias en la atención médica de los jubilados y pensionados”.
A su vez apunta al procedimiento que implementó el PAMI para la gestión, la compulsa abreviada, en lugar de una licitación pública. Para Ocaña, este mecanismo “viola los principios rectores de la administración pública, de transparencia, publicidad, economía y responsabilidad”.
La exministra de Salud y dirigente de Juntos por el Cambio sostuvo en su denuncia que el método utilizado por el organismo que dirige la militante camporista incurrió en “una deficiente y restringida difusión para invitar a empresas a ofertar, sino que también fue abreviada en cuanto a los plazos”.
En ese sentido, dijo que “en menos de 20 días se caratuló el expediente y se adjudicó la compra millonaria”.
Las dudas sobre la empresa de Berazategui que le vendió cotillón mundialista al PAMI
La diputada Ocaña también hace hincapié en la empresa a la que se le compró el cotillón, La Comuna Atesh S.R.L.
“Es una empresa fantasma cuyo objeto social sería los espectáculos artísticos, habiendo comenzado su actividad comercial en mayo de este año y cuya sede en una casa particular de un barrio de Berazategui”, afirmó.
Berazategui es un partido donde Volnovich tiene militancia política que le responde.
La Comuna Atesh S.R.L no posee un local en una zona céntrica ni comercial, sino que está domiciliada en una calle particular situada en calle 124 Nro 1758 en la localidad bonaerense de Berazategui. Volnovich es oriunda del municipio que gobierna el intendente Juan José Mussi.
Según se desprende de la denuncia de Graciela Ocaña, La Comuna Atesh S.R.L. fue constituida el 6 de Abril de 2022 y posee únicamente dos socios, Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque, dos jóvenes de 31 y 33 años respectivamente sin antecedentes en el rubro.
Se creó con un capital social de $100.000, en tanto que cada socio aportó $12.500 comprometiéndose a integrar el resto en el plazo de dos años.
De acuerdo al escrito presentado por Ocaña, Cabrera explicó en una entrevista periodística que son una empresa “relativamente nueva” que se dedica a “la realización de eventos». «Y dentro de ello ofrecemos servicios de catering y cotillón por ejemplo”, agregó.
Ocaña apuntó que, en junio de 2022, a menos de cinco meses de constituirse, la empresa se presentó a la licitación privada de PAMI nro 87/22, pero no salió adjudicada ya que de las cuatro empresas que ofertaron la recientemente creada ofertó el precio más alto.
En dicha licitación, La Comuna Atesh S.R.L también le ofreció al PAMI proveerle de artículos como naipes españoles, bolígrafos y bolsas ecológicas.
“La constitución de esta sociedad no tiene un solo elemento que al menos no despierte grandes sospechas”, planteó la diputada en la denuncia. Entre otros, menciona que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires le otorgó la inscripción en cuatro días hábiles.
“De más está decir, que los trámites burocráticos de este organismo provincial rara vez son resueltos con esta inusitada velocidad. Es evidente que el PAMI tiene una obsesión con otorgarle sumas millonarias a empresas y centros de jubilados que recién inician y que sus sedes son sedes fantasmas”, indicó.
Además, la diputada analizó el estatuto de la empresa para su denuncia donde se detallan que realiza una serie de actividades del sector gastronómico, así como producción de eventos culturales y recreativos.
“Sin perjuicio de la enorme variedad de actividades previstas en su estatuto, en ningún lado establece que tiene como finalidad comercializar cotillón o merchandising”, indicó.
Por otra parte, la única actividad registrada por la empresa ante la AFIP es la de Servicios de espectáculos artísticos, sin mención a la comercialización de cotillón.
«El cotillón para el Mundial sería entregado cuando ya terminó el Mundial”, denuncia Ocaña
Ocaña subrayó que si bien el reglamento del PAMI establece que excepcionalmente se puede realizar la adquisición por el método de compra abreviada, las autoridades del organismo no explican por qué la urgencia de la misma.
“Su único motivo seria beneficiar a la empresa proveedora”, consideró la diputada quien tildó de “precariedad inusitada la justificación del método seleccionado”.
Por último, destaca que en el pliego de condiciones se prevé que la entrega de la mitad de los artículos debe llevarse a cabo 15 días después de notificada la orden de compra, es decir, el próximo 5 de diciembre, y el 50% restante a los 30 días.
“Las autoridades no solo compran a las apuradas y caro un producto que no tiene vinculación alguna con las actividades socio preventivas de la institución, sino que para peor el cotillón para el Mundial sería entregado cuando ya terminó el Mundial”, destacó la diputada.
Vuvuzelas, porras y kits de maquillaje para alentar a la Selección
Según la información recolectada por la oposición, el PAMI compró 5.000 Banderas argentinas a $125 cada una por un total de $625.000; otras 5.000 Galeras argentinas a $1068,80 la unidad por un total de $5.344.000; y 5.000 Kits de maquillajes albicelestes a un precio de $575 cada uno por un total de $2.875.000.
También adquirieron 2.500 porras blancas y 2.500 celestes, a $120,49 la unidad, lo que totalizan $602.510; 5.000 sombreros arlequín con los colores de la bandera por $585 cada uno, lo que contabilizan unos $2.925.000 en total; y 5.000 vuvuzelas argentinas con un costo unitario de $341,60, lo que significó un gasto de $1.708.000.