El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una denuncia judicial presentada por la diputada libertaria disidente Marcela Pagano, quien señaló presuntas irregularidades vinculadas a contratos de la consultora de su esposa con una empresa naviera proveedora de YPF y a licitaciones realizadas bajo su órbita.
La presentación quedó radicada en el juzgado federal N°11, a cargo del magistrado Ariel Lijo. El escrito plantea un posible conflicto de intereses a partir de vínculos entre el funcionario, su entorno familiar y empresas contratistas del Estado.
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a la empresa naviera National Shipping SA, proveedora de YPF, que contrató servicios de la consultora +BE, propiedad de la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti.
Fuentes de la compañía consultadas por el diario La Nación señalaron que la naviera mantiene contratos ininterrumpidos con YPF desde 1998, brindando servicios de transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos livianos, además de operar con otras petroleras.
Según explicaron, la consultora +BE brindó capacitaciones a gerentes y jefes de National Shipping SA los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Por esos servicios, la empresa pagó un total de $6.370.000.
De acuerdo con la información difundida, Adorni fue designado director titular Clase A de YPF el 30 de enero de 2026. En 2025 se desempeñaba como secretario de Medios y el 5 de noviembre de ese año asumió como jefe de Gabinete. Es decir, los contratos entre la consultora de su esposa y la naviera se concretaron cuando ya ocupaba cargos en el Gobierno.
En su denuncia, Pagano sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos”. En ese sentido, menciona que la naviera, propiedad de los hermanos Virasoro, percibe pagos de YPF por servicios de transporte marítimo de hidrocarburos.
La actividad de estas compañías se encuentra protegida por la ley de cabotaje, que establece la obligación de utilizar barcos de bandera argentina para transportar nafta, diésel y crudo entre puertos del país. Según la denuncia, estos contratos navieros podrían alcanzar unos 140 millones de dólares anuales.
Pagano afirmó en su presentación judicial que la empresa que contrató a la consultora de Angeletti percibe pagos de la petrolera estatal de la cual Adorni es director. “Le retorna parte de esos fondos, bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría, a la empresa de su cónyuge”, sostuvo.
Desde la firma aclararon que los contratos entre YPF y National Shipping SA no comenzaron recientemente, sino que datan de hace 28 años. También remarcaron que Adorni fue designado en el directorio de la petrolera meses después de que su esposa realizara los servicios de coaching.
La denuncia también plantea investigar la evolución patrimonial del funcionario. Según Pagano, su salario está congelado a valores de 2023, aunque su patrimonio habría registrado un crecimiento.
Para justificar su nivel de vida, Adorni habría declarado “deudas significativas con cuatro acreedores privados”, entre los que se incluyen familiares directos.
Otros puntos de la denuncia
Además del contrato con la naviera, la presentación judicial menciona otras presuntas irregularidades vinculadas con decisiones administrativas.
Uno de los casos se relaciona con el predio de Tecnópolis, cuya concesión por 25 años fue estimada en $183.000 millones. El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas para la concesión figura DirecTV Argentina, que se presentó asociada con el Grupo Foggia.
La denuncia sostiene que el Grupo Foggia, propiedad del empresario Marcelo Dionisio, es cliente de la consultora de la esposa de Adorni.
También se menciona que Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia bajo la órbita de Karina Milei, es pareja de Dionisio. Según la presentación, Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y continuaría siendo apoderada de la firma.
Entre los clientes de la consultora de Angeletti, Pagano también menciona al Grupo Datco, una empresa tecnológica y de telecomunicaciones.
La denuncia resalta que Datco presta servicios a distintos organismos del Estado que se encuentran bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete, entre ellos la ARCA, AySA, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos.
Otro capítulo del escrito describe un posible entramado de “simulación de competencia” en licitaciones millonarias para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas por Adorni cuando se desempeñaba como secretario de Comunicación.
En una adjudicación superior a $3.650 millones participaron empresas que, según la denuncia, tendrían vínculos entre sí. Pagano detectó relaciones entre ATX S.A., la empresa ganadora presidida por Rubén Santiago Ward, y Area Tech S.A., excluida del proceso y presidida por Pablo Javier Casal.
La diputada señaló que Casal fue empleado de Ward y que ambos estuvieron vinculados a la empresa Lugalu S.A.. Además, las tres sociedades compartirían el mismo domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
En la denuncia también se mencionan nexos entre otros oferentes de esas licitaciones, como Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, que según el escrito estarían controladas por la misma familia.