La Justicia provincial investiga una denuncia por presunta extorsión y robo agravado contra tres policías que, según el relato de la víctima, interceptaron a un conductor de Uber Moto y lo llevaron a una zona oscura del Parque Guillermina, donde lo habrían intimidado para quitarle dinero en efectivo. El caso fue presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y plantea un cuadro de gravedad institucional al involucrar a agentes en ejercicio.
El 11 de mayo de 2025, alrededor de las 21.10, F. A. circulaba con un pasajero por avenida Alfredo Guzmán cuando una camioneta policial TUC 0721 les ordenó detenerse. Sin motivo claro, los agentes —dos hombres y una mujer— acusaron al motociclista de eludir un control y lo obligaron a dirigirse al Parque Guillermina, un sector sin iluminación ni testigos. El conductor activó la herramienta de grabación de Uber, que registra el audio en un archivo encriptado accesible solo por orden judicial. El pasajero logró retirarse, pero el conductor quedó frente a los policías.
Según la denuncia, los agentes revisaron sus pertenencias y uno de ellos tomó su DNI y encontró $200.000 en su billetera. Le advirtieron que podían detenerlo o secuestrar la moto, insinuando que el problema podía “arreglarse”. También le dijeron: “Ya sabemos dónde vivís”. Luego de devolverle parte de la documentación, el grupo se retiró cubriendo la patente del móvil. Al marcharse, el conductor advirtió que el dinero había desaparecido.
La querella sostiene que los hechos configuran extorsión y robo agravado, con el agravante de haber sido cometidos por policías.
Con el patrocinio de los abogados Macario Santamarina y Agustina Mitre, se pidieron medidas probatorias: acceso al audio de Uber, reconstrucción GPS, identificación de los ocupantes del móvil y un reconocimiento de personas. También formalizaron la constitución del denunciante como querellante.
El caso se suma a otros antecedentes de presuntos abusos, coimas y amenazas en controles nocturnos de la Policía de Tucumán, donde motociclistas y choferes denunciaron maniobras similares en zonas sin cámaras. Por eso, la evidencia tecnológica —grabación y geolocalización— es considerada clave.
La Fiscalía de Delitos Complejos deberá resolver los pedidos para avanzar en la identificación de los agentes.