A un mes de la presentación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, el expediente registra escasos avances, según denunció el legislador provincial Manuel Courel (Cambia Tucumán), quien reclamó que la Justicia actúe «con la misma celeridad» que, a su entender, mostró en la causa iniciada contra un grupo de vecinas de esa ciudad tras reclamar por las inundaciones.
El parlamentario recordó que la denuncia fue promovida junto al ex concejal de Alberdi Luis Díaz Augier y al edil de Simoca Luis Escobar ante la Fiscalía de Concepción. La presentación judicial apunta a esclarecer la adquisición de una vivienda de grandes dimensiones ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, cuyo valor rondaría los 1,2 millones de dólares y que, según los denunciantes, habría sido abonada en efectivo. Courel calificó esa operación como «una cuestión totalmente obscena» y afirmó haber recibido información que vincularía a funcionarios municipales con el pago de gastos relacionados con el inmueble.
El legislador explicó que, tras la denuncia, la fiscalía libró oficios al country Las Yungas para obtener información sobre la propiedad, aunque sostuvo que la respuesta recibida fue «muy vaga». En ese sentido, indicó que incluso existe un pedido para realizar un allanamiento en caso de que no se aporten los datos requeridos. Además, precisó que también se solicitaron informes a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), EDET y Naturgy con el objetivo de determinar quién figura como titular de los servicios públicos vinculados a la vivienda.
Pese a esas diligencias, Courel sostuvo que el avance de la investigación ha sido mínimo. «La Justicia está avanzando muy lentamente y nos llama mucho la atención, porque cuando esta mujer denunció a los vecinos de Graneros que se habían inundado y se acercaron a reclamarle, la Justicia de Concepción actuó muy rápido y a las diez mujeres de Graneros las procesaron por amenazas. En cuestión de semanas o días estaban procesadas», cuestionó.
El dirigente opositor señaló que, si no se obtienen respuestas satisfactorias, solicitarán nuevas medidas probatorias, entre ellas un eventual allanamiento. Asimismo, afirmó que continúan acercando información a la fiscalía a medida que reciben nuevos datos, aunque aclaró que ni él ni los otros denunciantes revisten la calidad de querellantes en el expediente.
El parlamentario también hizo referencia a versiones que indican que la jefa municipal habría adquirido otro inmueble en Tafí del Valle por aproximadamente 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información todavía no pudo ser corroborada.
«Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto tiene una obscenidad y un grado de impunidad tremenda. No puede ser que estos feudos, como se están manejando en el interior de la provincia, sigan de esta manera, administrando fondos públicos que pertenecen a todos los vecinos de Graneros», sostuvo.
Además, reiteró su pedido para que la investigación avance con rapidez. «Esperemos que el fiscal actúe con la misma celeridad con que actuó para imputar a los vecinos de Graneros que fueron a reclamar por las inundaciones y determine con qué fondos compró semejante mansión en Yerba Buena», expresó.
La denuncia fue presentada durante los primeros días de junio por Courel, Escobar y Díaz Augier. En el escrito sostuvieron que la intendenta habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior al millón de dólares, pagada en efectivo. Los denunciantes remarcaron que esa operación resulta sospechosa porque, al momento de la compra, Graneros no registraba otra actividad laboral distinta de su función como intendenta.
En la presentación también se menciona al secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, quien, según Courel, habría trasladado parte del dinero en efectivo utilizado para concretar la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia.
Como parte de la documentación incorporada al expediente, los denunciantes aportaron la liquidación de expensas correspondiente a junio del barrio privado. Según ese documento, por los dos lotes unificados la intendenta debería afrontar expensas mensuales de $ 570.090 y $ 566.690.
Consultada por diferentes medios locales acerca del caso, Raquel Graneros declinó realizar declaraciones públicas y derivó la consulta periodística a su abogada, Paula Soria. La letrada informó que se encontraba en una reunión y que respondería posteriormente, aunque al cierre de la jornada esa comunicación no se había concretado.
Tras conocerse la denuncia, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió evitar prejuzgamientos, aunque recordó que «todos somos iguales ante la ley». En ese marco, sostuvo que la intendenta deberá presentarse ante la Justicia y remarcó la necesidad de respetar las decisiones judiciales, tanto si resultan favorables como si son desfavorables.
Fuente: Contexto