La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream.
La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación del Poder Ejecutivo por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia.
En dicha presentación realizada por Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad, se reclama que se ordene un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’, disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material”.
Dalbón expuso hoy que dicha denuncia contra el medio de comunicación tiene “el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
El abogado advirtió que en esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el ministerio de Seguridad solicitó “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Bullrich solicitó ayer el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de Rial y Federico, entre otros.
Adicionalmente, pidió una medida cautelar para la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal” (sic).
Ello, sostuvo Dalbón, “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”, por lo que solicitó ante la Justicia que Bullrich sea citada a prestar declaración indagatoria.
“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, indica la denuncia de Dalbón.
Y advierte: “El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”.
El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich en “abuso de autoridad”. Se trata de “un ejemplo paradigmático de esa extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.