En julio de 2022, Pablo Vio y Gonzalo Elizondo denunciaron que el cura Carlos Fretes los había abusado cuando estaban en sexto grado del colegio del Salvador y el religioso era su tutor. Dos años después, aseguran que los compañeros abusados entre 1997 y 2003 son al menos 40. Diez de ellos figuran en una causa judicial que busca llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Si bien Fretes murió en 2015, los ex alumnos quieren la condena de cinco directivos del Colegio a los que acusan de encubrimiento. Sostienen que ellos tenían conocimiento de los abusos y que no hicieron nada para ayudarlos. También aseguran que protegieron al cura trasladándolo a otra provincia y que lo sostuvieron económicamente. Desde la institución niegan que los directivos estuvieran al tanto de los delitos, y que, por ley, ya prescribieron. Así lo decidió la Cámara de Casación.
Pablo Vio, Gonzalo Elizondo, Ignacio Bargalló, Luis María Lucero, Manuel Annecca, Sebastián Scigolini, Nicolás Quinteros y Francisco Segovia son los ex alumnos que acusan a los directivos de la escuela de encubrir los delitos de abuso y corrupción de menores.
Los directivos señalados son Luis Rafael Velasco, rector del colegio entre 1999 y 2003 (es la máxima autoridad de los jesuitas en Argentina y Uruguay) y Andrés Aguerre, que le siguió como rector entre 2004 y 2010 (hoy actual rector de la Universidad Católica de Córdoba); Ricardo Moscato, vicerrector desde 1999; Alfonso José Gómez, superior de la Compañía de Jesús entre 2003 y 2009 y Alvaro Pacheco, delegado para la prevención y denuncias de abusos.
Tras la denuncia, la Cámara Nacional de Casación N° 3 falló, por un lado, que el delito ya prescribió, pero, por otra parte, habilitó un juicio por la verdad, una instancia que se usa para analizar responsabilidades, aunque no tiene consecuencia penal.
Ambas partes apelaron el fallo del tribunal: la querella sostiene que al momento de los hechos ya estaban vigentes en Argentina tratados internacionales de protección de los derechos del niño, incorporados a la Constitución, por lo que la acción penal tiene vigencia; mientras que la parte acusada se opone porque alega no solo la prescripción sino que ya fueron sobreseídos en otras instancias. Así, ambos planteos fueron elevados a la Corte, que ahora es la que debe decidir.
Qué dicen los ex alumnos denunciantes
«Para mi es un alivio poder continuar con este camino, saber que nuestro reclamo y nuestra lucha tiene un sentido. Aunque sabemos que es difícil, no queremos perder la esperanza en esta lucha, que no es solo nuestra sino colectiva, porque no nos pasa solo a nosotros, y lograr algún tipo de Justicia, aunque sea simbólica. Me da bronca que piensen que un juicio por la verdad no es justo», dice Pablo Vio, publicista, 33 años.
«La Compañía de Jesús y el Colegio del Salvador continúan obstaculizando la investigación y que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades que les cabe a sus autoridades. La apelación que presentaron para que no se lleve adelante el juicio por la verdad muestra la voluntad de silenciar nuestro reclamo«, asegura Gonzalo Elizondo, sociólogo, 33 años.
«Para todos nosotros implica una enorme exposición y significa un gran desgaste tener que salir a hablar públicamente de estas cosas. Sin embargo, ante el silencio y la cobardía de los personajes que tenemos en la vereda de enfrente, no nos queda otra que seguir haciéndolo. Tengo la esperanza de que la Corte Suprema revise nuestro caso. La prescripción no debería volverse una garantía de impunidad para agresores sexuales«, suma Francisco Segovia, 34 años.
«En Fretes yo veía una figura muy cercana, de mucha confianza. y él uso todo eso para abusarme en varias oportunidades. Su modus operandi era sacarnos de la clase para hablar de temas íntimos hasta llevarnos a lo sexual y aprovechaba para abusarnos. Tardé muchos años en entender que habían sido abusos. Solo quiero sanar y vivir lo que me pasó de otra manera», cuenta Manuel Anecca.
«Si bien al momento las resoluciones de las sucesivas instancias vienen sosteniendo la aplicación de la prescripción, me dan esperanza los dictámenes de la UFEM y las fiscalías de Cámara y Casación, como también el voto disidente del Juez Pablo Jantus, que sostienen que la causa no está prescripta. Estoy esperanzado de que la Corte resuelva que son de aplicación los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y por ende, un rango superior a la legislación local que considera prescripta la acción», explica Luis María Lucero (33 años, abogado en derecho administrativo).
«Del proceso judicial estoy muy esperanzado y orgulloso por pertenecer a un grupo que tiene como objetivo máximo hacer justicia por el enorme daño que nos hicieron. El colegio era responsable de cuidarnos y criarnos», dice Rolo Oliver, 35 años, ingeniero industrial.
«Junto a los denunciantes venimos dando una dura batalla Judicial para poder llegar a la Corte Suprema, que, hoy por hoy, tiene en sus manos hacer de Argentina un país un poco más justo frente a las víctimas de abuso sexual infantil -dice a Clarín Pablo Mayer, abogado de la querella-. Países como Irlanda, Dinamarca, y Bélgica, sólo por citar algunos ejemplos, ya han declarado la imprescriptibilidad en este tipo de delitos».
Qué dice el abogado de la escuela
«El autor murió hace 10 años, nuestros defendidos aportaron todo el material a la causa y desconocían los hechos. Ninguna persona del colegio, con cientos de docentes, jamás supo nada. El autor lo hacía clandestinamente como sucede en muchas familias. De ello no se puede responsabilizar penalmente a quienes desconocían esto, que es lo que pretenden ilegítimamente los denunciantes», asegura a Clarín Alejandro López Romano, abogado de los denunciados.
«Los denunciados simplemente pretenden que sea amparada su tutela judicial efectiva, no ser indefinidamente señalados como participantes de un hecho que ignoraban. No hay mucho más que justificar ni ampliar de lo que ya se expresó en el expediente, y los elementos y documentos que se entregaron a la Justicia. La inocencia no se prueba, se presume por disposición constitucional, y justamente lo que aquí se está haciendo es resguardar estos principios a la luz de las normas del Estado», dice.
Y agrega: «La prescripción es un tema de orden público y es criterio uniforme de la Corte. Tal vez sería interesante si modifica su criterio, pero a hoy es el imperante, es doctrina el respeto al orden público y a la legalidad, y siempre se ha de estar por la norma más beneficiosa al acusado según nuestro sistema«.
Fuente: Clarín