La Justicia pidió desestimar la denuncia de la diputada libertaria Lourdes Arrieta contra sus compañeros de bancada de La Libertad Avanza y otras personas por la visita a Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad que se produjo el pasado 11 de julio y a la que ella afirmó haber concurrido «engañada» por uno de sus compañeros de bloque, el entrerriano Beltrán Benedit.
Arrieta, hoy en el ojo de la tormenta dentro del bloque de Milei en Diputados, había solicitado se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.
En un escrito, había apuntado contra funcionarios, diputados de su propio bloque, un cura, abogados conservadores y hasta mencionó a Sharif Menem, sobrino segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asesor y su mano derecha en el Congreso.
Todo eso fue rechazado hoy en términos categóricos por el fiscal Sergio Mola, que en un duro dictamen marcó que el objetivo Arrieta parece haber sido solamente «despegarse» de un hecho que la tuvo como protagonista y desnudar las internas de su propio bloque en diputados, que en las últimas horas sumó otros escándalo de gritos, empujones y acusaciones cruzadas en el Congreso.
En un dictamen lapidario, el fiscal asegura que la libertaria «realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido».
«En ese afán de tomar distancia de una actividad propia, de la que evidentemente se arrepintió con posterioridad, expone distintas circunstancias que hacen al funcionamiento del bloque de diputados de su partido (del que forma parte), a la que le asigna una connotación conspirativa, o extorsiva que ni por asomo se advierte«, manifiesta Mola, que fue uno de los fiscales en el caso Vialidad donde la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por corrupción.
El fiscal rechaza la presentación de Arrieta y su abogado Yamil Castro Bianchi y apunta a la judicialización de la política porque, señala, estos hechos denunciados no deben dirimirse en la justicia penal, ni ser los jueces o fiscales los que deban arbitrar en este tipo de peleas políticas.
Mola cuestiona los argumentos que la legisladora libertaria usa para explicar el engaño del que fue víctima luego de ser ingresada a grupos de WhatsApp donde diputados debatían con el cura Javier Olivera Ravasi (hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura), y abogados también con vínculos con genocidas una visita a la cárcel de Ezeiza.
El fiscal señala que con solo leer los chats que ella misma aportó a la causa como prueba del engaño se desprende, con absoluta claridad y sin que exista lugar a dudas, «que se iba a realizar visitas a detenidos por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar».
Dice más:»La diputada Arrieta dice haber sido manipulada y engañada respecto de la actividad en la que estaba participando. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿es posible que no supiera, o que no advirtiera, cuáles eran los intereses y posicionamiento del grupo en el que participaba respecto de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, cuál era la naturaleza y finalidad de la visita carcelaria en la que participó, quienes eran las personas visitadas y cuáles eran los delitos que se les imputaban?».
«Según los propios términos de la denuncia, y de las constancias por ella misma acompañadas, los motivos del grupo y sus intereses eran explícitos«, sentencia, en el escrito al que tuvo acceso Clarín.
Arrieta manifestó que ella no sabía que estaba reunida con Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros. Dijo que ella había nacido en 1993, que era hija de la democracia y no había vivido la dictadura.
Sobre eso, Mola la cruza. «La explicación que brinda resulta insólita. De los temas que se trataban en el grupo de WhatsApp, de los detenidos a los que fue a visitar (alguno de ellos personajes conspicuos e icónicos del terrorismo de Estado, me refiero a Astiz, Cavallo y Guglielminetti), y de los crímenes que cometieron esas personas, se viene hablando en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero con gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años».
El 11 de julio pasado un grupo de seis diputados libertarios visitó a una decena de militares condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad 31 del Penal de Ezeiza. Del amistoso encuentro, en el que se debatieron proyectos para sacar de la cárcel a los genocidas, participaron Benedit, Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci, que fue la única que no participó de la foto de familia que se tomaron al final del encuentro, en la que la mendocina denunciante sale en el centro, sonriente.
Bonacci le dijo a Clarín que «la actividad originalmente no era reunirse con genocidas, entonces no participe de la charla ni de nada». Hoy, la santafesina se encuentra, junto a Arrieta, en el centro de la tormenta de críticas del bloque de La Libertad Avanza y hay quienes reclaman la expulsión de ambas del mileísmo.
«La alegada manipulación de la que dice haber sido víctima resulta completamente inverosímil. No olvidemos que la denunciante es Diputada Nacional, lo que presupone un umbral mínimo de conocimiento de aquello que –como todas las cuestiones referidas- se encuentra presente, con permanente actualidad, en la agenda política y judicial de nuestro país desde hace mucho tiempo», la critica y le dice que con solo googlear del tema alcanza para que entendiera a quiénes iba a visitar y con quiénes chateaba.
El fiscal afirma que lo único que demuestra la denuncia de la diputada libertaria es «el propio desinterés en interiorizarse respecto de aquello en lo que participa». Mola además desestima un mensaje que Arrieta dice fue una amenaza en su contra recibido por una tal Marta, que según la legisladora podría ser la esposa de uno de los condenado por delito de lesa humanidad. Y le sugiere que podria haberse ido del grupo para no recibir chats así.
Arrieta contó que Alfredo Astiz sabía su nombre, que su padre era veterano de la guerra de Malvinas y que nunca le sacó la mirada d encima. Para el fiscal, no hay nada extraño en eso.
«Vale recordar que no fue una visita sorpresa y que los detenidos, entre ellos Astiz, los estaban esperando, todo lo cual se desprende de la propia denuncia. En todo caso, hubiera resultado prudente que la Diputada Arrieta, de manera previa, hubiera procurado interiorizarse de quiénes eran los detenidos que visitaría, como parece hicieron los detenidos respecto de sus visitantes», escribe.
Para Molas, tampoco es una amenaza un mensaje aportado por Arrieta y su abogado en el que Beltrán Benedit le dice: “Mi recomendación es que sigas los consejos del ejecutivo, no te cortes sola porque te dejarán” y “No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”. En resumen, dice el fiscal, «no se advierte de las cuestiones detalladas en la denuncia ninguna hipótesis delictiva que se deba investigar. Todo parece obedecer (me refiero a la denuncia en este punto) a la intención de exponer a compañeros de bancada con quienes hoy parece estar distanciada».
«No hay mucho que decir, más allá de que resulta una mera conjetura de la denunciante, pues –a contrario de lo que afirma- de ningún modo se observa anuncio de advenimiento de un mal futuro«, dictamina el fiscal, que si pide seguir investigando en qué condiciones se produjo la visita de diputados al penal, sobre todo si faltaron controles de seguridad, y si hubo incumplimientos por parte de las autoridades penitenciarias.