La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof acusada de captar personas vulnerables con el fin de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que provendría del juego clandestino en la provincia, en un caso con conexiones con la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA.
La investigación detectó un circuito de lavado de unos $27.000 millones y puso bajo la lupa a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los investigadores sospechan que Marchioni cumplía un papel en el tramo del lavado de dinero para la organización.
La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual tiene un punto de contacto con otra causa que viene siguiendo de cerca la Justicia federal: el expediente sobre Sur Finanzas. En el centro de ese cruce aparece un nombre que se repite: Ignacio Leonel Marchioni.
Esta nueva causa, tiene relevancia también porque se sospecha que la fortuna del ex intendente de Lomas de Zamora y hombre fuerte del juego provincial, Martín Insaurralde, también podría estar relacionada con el juego clandestino.
La conexión surge de los informes incorporados a la causa que lleva adelante la fiscal de La Plata Lacki, quien ordenó detener a Albertina Mangini, una funcionaria que cumplía tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados y que quedó acusada de integrar una organización dedicada a captar ex presos para utilizar sus datos personales y biométricos en la apertura de cuentas de billeteras virtuales.
Mangini es funcionaria del Ministerio Público Fiscal pero cumplía tareas en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados. El Patronato depende del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Martín Mena, operador judicial de Cristina Kirchner. Y esta entidad la dirige Aníbal Hnatiuk.
La hipótesis de la fiscal es que las cuentas abiertas con los datos biométricos de los ex presos liberados eran utilizadas como “mulas” financieras para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen presuntamente ilícito.
Lacki imputó a Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Mangini ya fue imputada y detenida y en los próximos días la fiscal podría pedir su prisión preventiva, siempre según las fuentes judiciales consultadas.
El expediente está en manos del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, quien deberá resolver los pedidos de prisión preventiva que eventualmente formule la fiscalía.
El mismo nombre que aparece en Sur Finanzas
La situación de Marchioni adquiere particular relevancia porque no es un desconocido para la investigación sobre el circuito financiero de Sur Finanzas.
En esa causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte y la fiscal Cecilia Incardona, Marchioni se encuentra imputado con sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes, explicaron fuentes judiciales a Clarín. La investigación lo señala como un intermediador de operaciones con criptomonedas y analiza sus movimientos financieros junto con los de otros operadores.
Un informe atribuido a ARCA había puesto bajo análisis las operaciones realizadas a través de billeteras digitales vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y a la firma de criptomonedas QBIT Capitals.
Según ese informe, Marchioni figuraba como monotributista categoría D y durante 2024 habría declarado ingresos por menos de $5 millones. Sin embargo, los investigadores detectaron una actividad financiera de una dimensión completamente diferente.
El informe le atribuye movimientos por aproximadamente $87.000 millones a través de billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals. También registra unos $230 millones en facturación, alrededor de $255 millones de ingresos en efectivo y la compra de un BMW por casi $100 millones.
Por su parte, la fiscal platense incorporó un informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina que reconstruyó parte de la operatoria financiera de los acusados.
En el caso de Marchioni, el análisis de su actividad en la empresa HAZ PAGOS detectó créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075. Es decir: un flujo bruto de $27.149.888.153.
Para los investigadores, semejante volumen de movimientos resulta particularmente relevante porque aparece asociado a un acusado cuya situación fiscal formal no parece compatible con esa magnitud de operaciones.
De hecho, HAZ PAGOS habría bloqueado y suspendido definitivamente la operatoria de Marchioni luego de detectar un incremento del riesgo asociado a la correlación con hechos investigados en la causa “Sur Finanzas”. La plataforma lo habría identificado como un perfil de riesgo precisamente por su vinculación con los movimientos que estaban siendo investigados.
Un antecedente que conecta a los acusados
El informe policial también detectó que Marchioni, Campoli Sillero y Taubenschlag fueron clientes de LB Finanzas. Marchioni y Campoli Sillero fueron categorizados como “arbitrajistas” y sus cuentas quedaron inmovilizadas.
En el caso de Marchioni, entre el 28 de noviembre de 2022 y el 1° de septiembre de 2023, se identificaron 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT diferentes.
Los ingresos provenientes de terceros alcanzaron los $266.361.641, mientras que los egresos hacia terceros sumaron $749.935.913.
La investigación también detectó una transferencia de $150.000 realizada por Marchioni a Catriel Taubenschlag el 8 de mayo de 2023, destinada a una cuenta individual de Brubank cuyo titular y CUIT coincidían con los datos de Taubenschlag.
Taubenschlag se comunicó con Clarín y afirmó que «actualmente no estoy imputado ni tengo ninguna orden de detención. Lo que existe es una investigación vinculada a haber recibido durante 2023 aproximadamente $1.400.000 en transferencias, algunas con terminaciones de centavos como “,12”».
«En ese período mi actividad era el arbitraje de criptomonedas, operando siempre con dinero bancarizado y declarando la actividad, incluido el pago del impuesto cedular correspondiente. Es una actividad legal y registrada», agregó en un comunicado.
Luego aseguró que «parte de la confusión surge del desconocimiento sobre cómo funciona este tipo de operatoria. Básicamente, como broker, recibía pesos en cuentas digitales, los convertía a USDT y posteriormente los volvía a vender, obteniendo por cada operación una comisión o margen de aproximadamente el 1%».
«Por eso, el hecho de recibir transferencias de terceros era justamente una parte habitual y necesaria de la actividad comercial que desarrollaba, y por sí solo no implica conocer el origen o destino previo de los fondos de cada cliente«, finalizóTaubenschlag.
Las “mulas” y el escaneo del ojo
La maniobra investigada por Lacki tiene una particularidad: parte de la estructura habría sido montada aprovechando precisamente la vulnerabilidad de personas que estaban bajo la órbita institucional del Patronato de Liberados.
Según la hipótesis fiscal, desde fines de 2023 y hasta al menos agosto de 2024, Mangini que se desempeñaba como funcionaria pública y tenía funciones vinculadas con la Oficina de Coordinación del Patronato de Liberados habría utilizado su posición para identificar y abordar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica o bajo tutela judicial.
La propuesta era sencilla y tentadora para quienes necesitaban dinero: $80.000 a cambio de entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir un “escaneo del ojo”.
Pero detrás de ese supuesto trámite se habría escondido otra operación. Las víctimas eran citadas en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata, donde, según la acusación, mediante distintos teléfonos celulares se tomaban fotografías de sus rostros y documentos y se capturaban sus datos biométricos. Con esa información se habrían abierto cuentas a nombre de terceros en billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago y PayPal.
Las personas que prestaban su identidad se convertían así en las llamadas “mulas financieras”.
Según la investigación, por ese mecanismo se habrían generado movimientos por al menos $172.242.946,68 durante aproximadamente un año en una de las operatorias reconstruidas.
Del Patronato al casino clandestino
La hipótesis de Lacki sostiene que las cuentas abiertas con los datos de las víctimas no terminaban allí. Los fondos eran derivados hacia un casino online ilegal, donde el dinero presuntamente ilícito era transformado en supuestos “créditos de juego” y luego en aparentes ganancias.
La maniobra habría permitido romper la trazabilidad del dinero y darle una apariencia de legalidad.
Para los investigadores, el casino funcionaba como una suerte de “licuadora” financiera: recibía fondos cuyo origen debía ser ocultado, los hacía circular como créditos de juego y luego permitía que regresaran al circuito formal con una justificación aparentemente legítima.
En términos técnicos, la fiscalía habla de una operatoria de “smurfing” o “pitufeo”: la fragmentación y circulación de grandes sumas a través de numerosas cuentas y operaciones para dificultar la detección de los movimientos y evitar que los sistemas automáticos de prevención del lavado disparen alertas.
El esquema, según la acusación, tendría dos extremos. Por un lado, estaban las personas vulnerables utilizadas para abrir las cuentas. Por el otro, los operadores encargados de mover y transformar los fondos. Y es en ese segundo nivel donde aparece Marchioni, según la acusación a la que Clarín accedió en fuentes judiciales.
La maniobra del «pitufeo»
La fiscal Lacki sostiene que el dinero que ingresaba en las cuentas “mulas” manejadas por Mauro Perrotta era remitido hacia el extremo financiero de la organización.
Entre los receptores finales aparecen Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni.
La acusación les atribuye conocimientos y capacidades técnicas que les habrían permitido desarrollar la etapa final del circuito: convertir los fondos en dinero que pudiera ser absorbido por el mercado formal.
Porque los movimientos que ahora investiga Lacki no son independientes de los antecedentes financieros de Marchioni. Sus cuentas ya habían sido analizadas en el expediente que investiga el circuito de Sur Finanzas y, en particular, su operatoria en plataformas financieras y vinculadas con criptoactivos, como ya se dijo.
La investigación sobre Sur Finanzas también había colocado a Marchioni cerca de otro nombre bajo sospecha: Elian Peinado. La fiscal Incardona investiga si Peinado podría haber cumplido un papel en operaciones de lavado mediante criptomonedas. En esa investigación se analiza la posibilidad de que pudiera actuar como un “lavador con cripto”.
El vínculo entre ambos expedientes todavía deberá ser precisado judicialmente. Pero la aparición de Marchioni en los dos circuitos plantea una pregunta central para los investigadores: si se trata de dos estructuras independientes que utilizaron al mismo operador financiero o si existe un circuito de fondos que conecta ambas investigaciones.
La respuesta dependerá del análisis de las cuentas, las billeteras, los dispositivos y, sobre todo, de los beneficiarios finales de las transferencias.
La investigación de Lacki también reconstruyó movimientos migratorios de algunos de los imputados. Entre ellos detectó una coincidencia temporal entre Mauro Perrotta y Catriel Taubenschlag, quienes permanecieron en Estados Unidos de manera simultánea durante aproximadamente ocho días. Los investigadores también encontraron un dato sugestivo alrededor de Perrotta. Uno de los teléfonos atribuidos al acusado aparecía registrado en Truecaller como “CASINO24HS”.
Para la fiscalía, el dato cobra relevancia porque en la estructura investigada el casino clandestino habría funcionado precisamente como una herramienta para transformar y ocultar el origen del dinero. Incluso la utilización de un nombre como “casino” dentro de la agenda telefónica es interpretada por los investigadores como un indicio de que el verdadero propósito de la actividad debía mantenerse oculto.
La funcionaria que quedó en el centro del expediente
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que, además de la causa penal, Mangini se encuentra en trámite un expediente disciplinario dentro del ministerio público fiscal que dirige Julio Conte Grand relacionado con la investigación.
El resultado de la declaración indagatoria de Mangini y, especialmente, una eventual solicitud de prisión preventiva, correspondería evaluar la suspensión de la funcionaria.
Lacki es una fiscal con experiencia en investigaciones de corrupción. Fue quien destapó el caso conocido como “Chocolate” Rigau, que reveló el mecanismo mediante el cual se desviaban fondos de la Legislatura bonaerense utilizando empleados que, según la acusación, eran contratados pero no cumplían funciones reales.
Ahora investiga una estructura de naturaleza diferente pero con una característica en común: la utilización de personas vulnerables o de identidades de terceros para mover dinero y dificultar la trazabilidad de los fondos.
Fuente: Clarín