En un punto de inflexión para una investigación que conmociona a la política del sur tucumano, el juez Fabián Rojas deberá resolver si la causa que involucra a ex funcionarios de la municipalidad de Alberdi por presuntos vínculos con el narcotráfico y maniobras de lavado de dinero será traspasada a la Justicia Federal, tal como lo solicitó la fiscal Mónica García de Targa.
El expediente, iniciado hace casi un mes a raíz de la viralización de un audio entre el ex intendente Luis Campos y el supuesto empresario Roque “Chipi” Giménez, escaló rápidamente en gravedad. Lo que comenzó como una causa por intimidación pública derivó en un complejo entramado que, según la acusación, expone el funcionamiento de una organización criminal con conexiones institucionales, dedicada a la venta de drogas, el lavado de activos y el manejo irregular de fondos públicos.
Con el avance de la investigación, fueron detenidos cuatro ex funcionarios municipales: José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda), Pablo “Maceta” Barrionuevo (exsecretario de Acción y Desarrollo Social), el ex concejal Albano Loru, y el gremialista José “Cucha Mota” Funez. La fiscal sostiene que todos integraban una red delictiva cuyos beneficios económicos se canalizaban a través de contratos municipales, eventos públicos y hasta imprentas familiares.
Entre las maniobras denunciadas, figuran pagos millonarios a “Giménez Producciones”, transferencias a la imprenta de la hija de Roldán, y obras públicas de dudosa ejecución, como la Sala Velatoria, el Mercado Municipal y el Centro Cultural. Solo Giménez, según el expediente, habría cobrado más de $500 millones en contrataciones bajo sospecha.
García de Targa argumentó que la complejidad y dimensión de los hechos excede a la jurisdicción provincial. Citó como ejemplo la dualidad procesal de Funez: procesado como parte de la banda en la justicia ordinaria y testigo en la federal. También subrayó que se han realizado allanamientos y secuestros de pruebas duplicados, lo que puede entorpecer la causa.
“El grupo investigado mantendría poder incluso tras la intervención del municipio”, alertó, en referencia a maniobras para demorar oficios judiciales o borrar evidencia, que refuerzan, a su criterio, la necesidad de una única investigación bajo el fuero federal.
Además, la fiscala introdujo una nueva lectura del audio original, donde se mencionan expresamente presiones sobre la Policía y posibles homicidios. “Eso configura un entramado criminal con incidencia estructural en el Estado local”, advirtió.
El juez Rojas también deberá pronunciarse sobre los planteos de impugnación presentados por las defensas de los exfuncionarios detenidos. Los abogados Florencia Abdala y Camilo Atim (Roldán), Javier Lobo Aragón (Loru), y Tomás y Nicolás Arce (Barrionuevo) buscan frenar el pase de la causa al fuero federal, en busca de revisar las detenciones y poner en duda la competencia del Ministerio Público Fiscal.
En este contexto, la figura de “Chipi” Giménez permanece en un limbo judicial: aunque es señalado como parte de la supuesta asociación ilícita, no se le han formulado aún los cargos por esa figura penal.
Si el juez acepta el pedido de García de Targa, la causa quedará en manos de la Justicia Federal, que deberá ratificar su competencia y, eventualmente, decidir si los detenidos continúan en prisión en el penal de Benjamín Paz o recuperan la libertad mientras sigue la investigación.
Para Tucumán, y en particular para la ciudad de Alberdi, esta resolución marca un antes y un después: es la primera vez que una red delictiva con supuestos vínculos políticos y narcos llega a instancias judiciales con este nivel de avance procesal. La decisión de hoy podría redibujar el mapa de responsabilidades judiciales, políticas y sociales en una ciudad que, desde hace semanas, vive al ritmo de un escándalo sin precedentes.