La bancada de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados presentó una serie de iniciativas para solicitar información al Poder Ejecutivo sobre los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) destinados a las rutas nacionales.
A esos pedidos se sumó la semana pasada un proyecto de interpelación impulsado por la diputada Marina Salzmann y acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Karen Tepp, entre otros legisladores.
La avanzada parlamentaria se produjo después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte de los recursos recaudados por el Sistema Vial Integrado se destina a Vialidad Nacional, mientras que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.
El proyecto reclama la presencia de Luis Caputo en la Cámara de Diputados y propone que concurra acompañado por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para “complementar con precisión técnica las respuestas”.
Además, solicita “el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal, y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país”.
Con anterioridad, Salzmann había presentado un pedido de informes centrado en la Autopista Presidente Perón, una obra clave para la conectividad de una docena de municipios, entre ellos San Martín, San Isidro, Merlo, Tres de Febrero, La Matanza y Berazategui. Se trata de un corredor estratégico del área metropolitana que impacta sobre más de 12 millones de personas.
Según la legisladora bonaerense, los fondos retenidos permitirían intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales y deberían destinarse a finalizar obras paralizadas en todo el país.
“No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, sostuvo Marina Salzmann.
Por otra parte, el diputado nacional Emir Félix presentó un proyecto para suspender de manera transitoria la porción de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono destinada al financiamiento del Sistema Vial Integrado (Sisvial).
La iniciativa establece que la medida se mantendrá vigente mientras existan recursos previamente recaudados para infraestructura vial que no hayan sido efectivamente aplicados a ese fin.
La propuesta contempla una reducción del 14,08% en los montos de los tributos alcanzados, porcentaje que corresponde a la participación del Sisvial dentro de la distribución específica prevista por la Ley 23.966.
El texto aclara que la suspensión no afectará otros destinos de la recaudación vinculados al sistema previsional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el transporte automotor y ferroviario ni a las provincias.
Además, establece que esos recursos no podrán ser transferidos al Tesoro Nacional ni utilizados para otros fines. También dispone que la suspensión del componente vial del impuesto solo finalizará cuando la Auditoría General de la Nación certifique que el saldo acumulado y sus rendimientos fueron efectivamente aplicados a obras, bienes y servicios vinculados al sistema vial.
Reclamos de otros bloques
Desde Provincias Unidas, la diputada mendocina Lourdes Arrieta presentó un pedido de informes dirigido a Vialidad Nacional y al Ministerio de Economía para conocer el destino de los fondos recaudados.
“Una ruta no es solamente asfalto. Es producción, trabajo, turismo, logística, seguridad y conexión”, planteó la legisladora.
Y agregó: “Los mendocinos tienen el derecho a saber qué ocurrió con los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial): cuánto se asignó, cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles permanecen demoradas o paralizadas y qué planificación existe para nuestros corredores. Porque mientras existen recursos nacionales destinados al sistema vial, Mendoza también ha destinado recursos propios para intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Y eso merece una explicación”.
Por su parte, la titular del bloque, Gisela Scaglia, también cuestionó el destino de los fondos y reclamó información precisa sobre recursos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales.
El pedido se produjo luego de que el propio Gobierno reconociera que parte de esos fondos fue utilizada para contribuir al equilibrio fiscal.
“La iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo”, señaló Scaglia.
La judicialización del conflicto
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz llevó el tema a la Justicia mediante una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.
La legisladora los acusa de haber utilizado fondos del Sistema Vial Integrado para inversiones financieras en lugar de destinarlos a la conservación y mejora de las rutas nacionales.
La denuncia incluye los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Según la presentación judicial, la suma bajo investigación asciende a 1,038 billones de pesos.
“Cada vez que cargamos combustible pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial, como por ejemplo las de las rutas nacionales 3 y 5. No falta plata, falta decisión política. Por eso presentamos un amparo colectivo”, afirmó Tolosa Paz.