Diputados y diputadas nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para rechazar el DNU 941/2025, al advertir que el decreto introduce cambios de “extrema gravedad institucional” al otorgar facultades coercitivas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La iniciativa fue impulsada por la diputada Lorena Pokoik, junto a Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisnero, entre otros legisladores del bloque.
Según argumentan, el decreto modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin la intervención del Congreso y redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. En particular, cuestionan que el DNU habilite a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades, una atribución que consideran incompatible con el orden constitucional.
“El otorgamiento de facultades coercitivas a un organismo cuya actuación se rige por el secreto incrementa gravemente los riesgos de arbitrariedad y debilita los mecanismos de control democrático”, sostienen los legisladores en el texto del proyecto. En ese sentido, remarcan que el secreto no puede ser la base del ejercicio de la coerción estatal en un Estado de Derecho.
El proyecto advierte además que el DNU, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, vulnera garantías constitucionales básicas como el debido proceso legal y la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa. También señalan que se afecta el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en el Poder Ejecutivo.
Otro de los puntos centrales del planteo es que el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia previstos por la Constitución. Según el bloque opositor, no existían circunstancias excepcionales que impidieran el debate parlamentario, y el Gobierno contaba con herramientas institucionales —como la convocatoria a sesiones extraordinarias— para tratar el tema en el Congreso.
Por estos motivos, el proyecto propone rechazar el DNU 941/2025 conforme a lo establecido por la Ley 26.122 y restituir la plena vigencia de la Ley 25.520 en su redacción anterior al decreto.
En paralelo, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una nota al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El objetivo es garantizar el control parlamentario y el tratamiento inmediato del decreto.
Desde el bloque remarcaron que la intervención del Congreso es “indispensable” para resguardar la Constitución Nacional, la división de poderes y los derechos y garantías fundamentales, y reafirmaron su compromiso con el Estado de Derecho.