Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025.
Según la presentación judicial, el funcionario habría omitido declarar bienes y activos en sus informes patrimoniales y, además, habría brindado información incorrecta en documentos oficiales remitidos al Congreso. En ese marco, los legisladores solicitaron que la Justicia investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica, previsto en el Código Penal.
La denuncia se originó tras una serie de explicaciones públicas ofrecidas por Adorni en entrevistas periodísticas, en las que reconoció errores en sus declaraciones juradas y confirmó la presentación de rectificaciones ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con Frade y Ferraro, el funcionario admitió no haber informado determinados activos previos a su ingreso al Estado, entre ellos tenencias en criptomonedas y una herencia familiar en efectivo, además de inconsistencias vinculadas a propiedades inmobiliarias.
El escrito detalla la presunta omisión de al menos tres bienes: un inmueble en el country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz; un departamento en el barrio porteño de Caballito; y otro inmueble heredado en la ciudad de La Plata. Para los denunciantes, la posterior corrección de las declaraciones no elimina una eventual responsabilidad penal derivada de las omisiones originales.
Los diputados cuestionaron también la explicación de Adorni, quien atribuyó las irregularidades a errores involuntarios y a una falta de comprensión sobre el alcance de sus obligaciones como funcionario público. “Las declaraciones juradas son documentos públicos y cualquier ocultamiento deliberado puede constituir falsedad ideológica”, señalaron.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es que el jefe de Gabinete habría sostenido durante varios meses que su patrimonio estaba correctamente declarado, para luego reconocer la existencia de bienes que no figuraban en las presentaciones iniciales. Según los legisladores, esa conducta podría haber afectado los mecanismos de control previstos por la Ley de Ética Pública y reviste especial gravedad debido al alto cargo que ocupa en el Poder Ejecutivo.
Asimismo, la presentación hace referencia al informe de gestión que Adorni presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, donde —según los denunciantes— también se habrían reflejado las inconsistencias patrimoniales.
Frade y Ferraro aclararon que la denuncia no se superpone con otra causa judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito, sino que apunta específicamente a determinar si existieron omisiones deliberadas y declaraciones falsas en documentos oficiales.
Finalmente, los legisladores pidieron que se instruya una investigación penal y, en caso de comprobarse los hechos, se apliquen las sanciones correspondientes, incluida la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación del funcionario.