La Libertad Avanza decidió postergar esta semana el debate en el recinto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así, la próxima gran actividad en el Congreso será el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el 29 de abril.
En paralelo, el oficialismo sí avanzará con uno de los proyectos que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se trata de la llamada Ley Hojarasca, que será tratada este martes en comisión de Diputados.
La iniciativa propone derogar al menos 70 normas, entre leyes y decretos, que el Gobierno considera obsoletas o en desuso dentro de la administración central. Para eso, a las 15 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
El proyecto será defendido ante los bloques por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. “Son normas inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”, sostuvo semanas atrás Sturzenegger.
El ministro también promovió la iniciativa en redes sociales, donde la definió como una “depuración normativa”. Allí planteó que “cuantas menos leyes, más justicia”, en línea con el objetivo del presidente Javier Milei de reducir la intervención estatal.
Además, remarcó que entre las normas a derogar hay disposiciones firmadas por expresidentes como Isabel Perón, Héctor Cámpora, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Arturo Frondizi y Néstor Kirchner, así como por gobiernos de facto como los de Jorge Videla, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone y Juan Carlos Onganía.
El diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini cuestionó con dureza el proyecto. Sostuvo que la iniciativa busca generar “debates polarizantes sin impacto real en la economía” y criticó el uso de recursos del Estado para impulsar la propuesta. También planteó que el Gobierno debería enfocarse en problemas más urgentes.
Qué plantea la Ley Hojarasca
El proyecto forma parte de la estrategia de desregulación del Gobierno. Según sus fundamentos, apunta a ordenar el sistema normativo y hacerlo más claro y accesible, además de reducir la intervención estatal en áreas consideradas innecesarias.
En el Poder Ejecutivo aseguran que la acumulación de normas sin depuración afecta la seguridad jurídica. También advierten que muchas disposiciones ya no tienen aplicación efectiva y generan marcos regulatorios confusos o contradictorios.
Entre las normas incluidas aparecen algunas que podrían generar debate en comisión.
Una de ellas es la Ley 20.984, de 1975, que creó el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Se trata de una entidad de asesoramiento permanente integrada por legisladores en funciones y exlegisladores. Actualmente, la preside el exdiputado Rafael Pascual y desarrolla actividades como el programa académico “Cambio de Roles” con estudiantes universitarios.
Otra es la Ley 24.807, de 1997, que creó la Federación Argentina de Municipios. La entidad está presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
La semana pasada, intendentes nucleados en esa federación se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos retenidos por el Gobierno nacional, en medio de tensiones con la Casa Rosada.