Por iniciativa del gremio de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), que conduce el dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas, Julio Estévez (h), senadores y diputados nacionales se sumaron a las protestas que realizaron sindicalistas e intendentes de varias localidades del interior del país por el cierre de 100 sucursales de ARCA, ex AFIP, que complican la vida de los contribuyentes que perdieron las oficinas donde realizar reclamos o trámites de manera personal.
La decisión perjudica de manera enorme a los habitantes de cerca de cien localidades del interior que no tienen más la oficina del organismo nacional para realizar trámites.
El ejemplo de Córdoba se replica en Santa Fe, Río Negro o en las provincias de la Mesopotamia y el Noreste del país.
Por ejemplo, si un contribuyente de Villa María necesita realizar un trámite de manera presencial deberá trasladarse hasta Córdoba capital con el gasto de tiempo y dinero que ocasiona.
O sea, la medida pensada en los despachos de Casa Rosada, modernización del Estado que conduce Federico Sturzenegger y avalada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que colocó a su hombre de confianza multi función, Juan Pazo, como administrador del organismo autárquico responsable de la recaudación a nivel nacional, genera ahorro para el Tesoro Nacional, pero ocasiona gastos al sector privado de la actividad económica. Se trasladan las cargas.
Para los trabajadores de la DGI, hoy subsumidos en ARCA, “…las autoridades ahora intentan avanzar de manera inconsulta y unilateral con el cierre de dependencias (receptorías y distritos) en todo el país, cuestión que afecta a más de 670 trabajadoras y trabajadores de la DGI, que pierden la cercanía con sus puestos de trabajo, y que en muchos casos deberían hacer 100 y 200 kilómetros para llegar a la dependencia más cercana; de concretarse podría significar un pase a disponibilidad encubierto, y aún se desconoce en la mayoría de los casos cómo se aplicaría la medida”.
Los cierres de oficina que provocan enormes dificultades a los contribuyentes de localidades muy pobladas tuvieron el respaldo, en las críticas a las medidas de la administración de Milei, de los intendentes de las localidades afectadas que en su mayoría se ofrecieron para poner las oficinas de sus municipalidades como lugares de trabajo de los inspectores y profesionales de ARCA.
Cada semana más intendentes, Concejos Deliberantes y asociaciones de comerciantes y profesionales se pronuncian contra los cierres, debido a las distintas aristas en que se verá afectada la vida económica de esas localidades.
Y, ahora se suman los senadores y diputados nacionales.
El gremio de la UPSAFIP logró lo impensado: juntar las firmas de dirigentes del PRO, del peronismo, de la UCR, y hasta de libertarios que hoy conformaron sus propias bancas en Diputados. Legisladores que tienen que dar cuenta en sus localidades por los desastres que produce una motosierra descontrolada en uno de los organismos, autárquicos, más sensibles que tiene la administración nacional.
Desde Miguel Ángel Pichetto y Christian Ritondo a Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Oscar Zago en Diputados hasta los senadores Fernando Rejal, del peronismo, y Fernando Salino, del radicalismo, entre varias firmas de legisladores nacionales se unieron para suscribir una carta exigiendo explicaciones al administrador de ARCA, Juan Pazo, y a las autoridades económicas.
Por su parte, el sindicato conducido por Julio Estévez (h); Mariana de Alva; Ricardo Prado y María Laura Struba, realizó una presentación oficial ante las autoridades para solicitar la «suspensión de la disolución de las dependencias del interior».
Se reclamó una «prórroga por 90 días la resolución 36/2025 por la que se eliminaron casi un centenar de áreas del interior» y fundó el pedido en que los ciudadanos y trabajadores de esas dependencias están «muy preocupados» porque «no tienen acceso a una distancia prudente a otra oficina» de ARCA para cumplir tareas.
Por eso, le solicitaron a Pazo una audiencia «urgente» para frenar la medida «inconsulta» y presentar «propuestas alternativas».
Desde luego que las autoridades nacionales hacen hincapié en que todos los trámites de ARCA pueden realizarse a distancia, de manera online, por lo que la cuarta revolución industrial y los cambios digitales traerían como efecto el cierre de dependencias y el despido o pase a disponibilidad de cientos de trabajadores nacionales.
Sin embargo, el contribuyente argentino y los contadores suelen realizar trámites presenciales y no parece ser una opción, en muchos casos, que todos los requerimientos impositivos se resuelvan mediante internet. La motosierra corta toda posibilidad de contacto humano entre el recaudador y el contribuyente y para muchos intendentes se trata de un verdadero despropósito del gobierno de Javier Milei, obsesionado con el ahorro estatal que solo trae más gasto al sector privado de la economía.