El ataque letal en cadena que sacudió este viernes al este de Tucumán, volvió a poner en discusión la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia de género. En menos de una hora, José Osvaldo Rojas, de 50 años, asesinó a su ex pareja, Juana del Carmen Bustos, de 39, y luego mató a Roque Francisco Lucero, de 41, antes de entregarse a la Policía. La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo.
El primer hecho se produjo alrededor de las 13.10 en la calle principal de Delfín Gallo. Según las primeras reconstrucciones, Rojas interceptó a Bustos mientras se desplazaba por la zona, la llamó por su nombre y, tras extraer un arma de fuego, le disparó en reiteradas oportunidades. La mujer, madre de cuatro hijos, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde falleció a raíz de cinco impactos de bala.
Tras el femicidio, el agresor huyó a bordo de un Fiat Palio hacia Banda del Río Salí. Apenas diez minutos después, cerca de las 13.20, irrumpió en una vivienda del barrio Aeropuerto y asesinó de dos disparos a Lucero. Vecinos relataron que escucharon las detonaciones y observaron a un hombre escapar a toda velocidad. “Después supimos que ya había matado a una mujer en otro lugar”, contó una testigo del barrio.
Con el sospechoso ya identificado, la Policía desplegó un operativo cerrojo en coordinación con los vigías municipales. La persecución se mantuvo a distancia con la intención de lograr su aprehensión sin nuevos riesgos. Presionado por el despliegue, Rojas se presentó finalmente en la comisaría de Lastenia, donde quedó detenido. Fuentes judiciales indicaron que el acusado habría señalado el lugar donde descartó el arma utilizada en ambos homicidios.
La investigación estuvo a cargo de la División Homicidios, bajo la coordinación de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, junto a peritos del Ministerio Público Fiscal. En el barrio, allegados a las víctimas señalaron que el ataque podría haberse desencadenado luego de que Rojas viera a su ex pareja junto a Lucero.
El trasfondo del caso agrava el cuadro. El 15 de noviembre pasado, Rojas ya había sido aprehendido tras presentarse en el domicilio de Bustos. La intervención fue informada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Integridad Sexual III y, horas después, se dictó una medida de protección: una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros. También se dispuso asistencia psicológica para ambas partes y se recomendó a la mujer sostener la acción penal. Sobre el final de la jornada, no se había confirmado si esas disposiciones llegaron a implementarse de manera efectiva.
“Ella tenía mucho miedo. Desde que decidió terminar la relación, él cambió por completo”, lamentó una amiga de la víctima. El femicidio de Bustos se convirtió en el undécimo registrado en Tucumán en lo que va del año y volvió a dejar al descubierto las falencias de un sistema que, pese a las alertas previas, no logró impedir una tragedia anunciada.
Fuente: Contexto