El Senado le propinó en la madrugada del viernes un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. No obstante, la Cámara alta dio luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados.
El primero de los cachetazos comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién ayer planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este jueves. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei.
La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques. Con picardía, los radicales disimularon jugar en favor de Balcarce 50, pero no lo rubricaron.
Eso permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. «Los radicales se dieron vuelta«, decían oficialistas en los pasillos del Senado ayer por la tarde.
Los que de desayunaron de la jugada en el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo vinieron a «mojar el pancito» de la «victoria» por la BUP. Ellos argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley.
El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio cien mil millones de pesos de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El rechazo, que se produjo pasadas las 02:15 del viernes, fue 49 votos frente a 11 positivos para mantenerlo vigente y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU.
El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo.
La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento. Para la Casa Rosada, el 0,14 por ciento atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.
Boleta Única, la victoria pírrica que se anotó el Gobierno
La aprobación del proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales es el único poroto que se puede anotar en el Gobierno en la maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.
La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.
Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.
Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir las boletas a lo largo y ancho del país.
Su desembarco en el hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
De esta manera, el Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la BUP durante meses a raíz de que el kirchnerismo se había plegado con sus 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también por los misioneros.
En este contexto, Milei se presentará el próximo domingo ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. Allí dará el puntapié inicial de nueva batalla que deberá librar la Rosada ante dos cámaras legislativas que atraviesan, como nunca antes, una profunda fragmentación.