El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. El Ejecutivo ya firmó el documento este miércoles a la noche y le dio curso para que llegue a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. En el oficialismo aseguran que el proceso demora cerca de un día porque fue realizado a través de la vía digital.
Es por eso que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, no oficializó el ingreso de la iniciativa a los registros legislativos. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, lo confirmó hoy a través declaraciones radiales: “El proyecto lo firmamos ayer con el presidente y ya fue enviado al Congreso mediante el sistema electrónico. La ley tiene varios puntos que buscan movilizar los ahorros que fueron adqueridos en el mercado informal. Se dan garantías para los dólares del colchón”.
La Casa Rosada propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito y busca mantener las penas de dos a seis años para las personas que evadan el pago de tributos en esos términos. Promueven también incrementar el monto a $1.000 millones en el caso de la evasión agravada, que abarca penalidades de tres a nueve años.
El documento contiene una reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios. Pretende aplicar para los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en que la diferencia entre el monto no declarado y lo presentado no sea elevada.
La legislación actual dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la atribución de exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo se extiende hasta diez años para los no inscriptos sin la condición anterior.