Un policía fue condenado a 13 años de prisión por una serie de estafas cometidas contra comerciantes vinculados a un paseo de compras de San Miguel de Tucumán, en maniobras que habrían generado un perjuicio superior a los $10 millones. La investigación contra Daniel Edgardo Chavarría también derivó en otra causa en la que se lo acusa de integrar una presunta organización dedicada a ocupar viviendas con problemas legales para luego venderlas a terceros mediante documentación falsa.
La sentencia fue dictada por la jueza María Alejandra Balcázar luego de un debate en el que el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 14 años. La defensa, ejercida por José Eduardo de Jesús Gaitán López, reclamó la absolución, mientras que las querellas acompañaron el pedido de condena formulado por la acusación pública.
Uno de los ejes del juicio estuvo relacionado con la función que Chavarría cumplía como responsable de seguridad de un centro comercial ubicado en avenida Sáenz Peña al 100. Según la acusación, esa posición le permitió ganarse la confianza de los propietarios y de las personas que explotaban los locales.
Aprovechando esa relación, habría recibido dinero de diferentes feriantes en concepto de adelantos de alquiler y renovaciones de contratos correspondientes a 2024. Los investigadores establecieron que mediante esas operaciones percibió aproximadamente $ 4,7 millones que no fueron rendidos a la sociedad encargada de administrar el predio.
Las maniobras provocaron, según la acusación, un perjuicio económico tanto para los comerciantes que entregaron el dinero como para la firma propietaria del paseo.
El proceso también abordó otra modalidad atribuida al acusado. Chavarría habría simulado contar con autorización para comercializar puestos de una feria que se encontraba en construcción en avenida Sáenz Peña 155.
Bajo esa apariencia, habría ofrecido y vendido diferentes locales a personas que efectuaron pagos convencidas de que participaban de operaciones legítimas. Cinco víctimas entregaron en conjunto alrededor de $6 millones.
Durante el debate, el fiscal Diego López Ávila y su auxiliar Emily Rafael sostuvieron que existía una pluralidad de damnificados que decidió denunciar y que el acusado había desarrollado un esquema sistemático. Para demostrarlo, la Fiscalía incorporó testimonios y diferentes elementos probatorios.
Entre las pruebas presentadas tuvo relevancia una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). El estudio se efectuó sobre talonarios y recibos manuscritos que llevaban la firma del imputado.
El Ministerio Público Fiscal acusó a Chavarría como autor de abuso de confianza, en concurso real con estafas reiteradas, y pidió que fuera condenado a 14 años de prisión. Tras analizar las pruebas y escuchar a las partes, Balcázar estableció finalmente una pena de 13 años.
Ernesto García Biagosch, abogado querellante del propietario del centro comercial, calificó la sentencia como “ejemplificadora” por la magnitud de la pena y destacó diferentes particularidades del expediente, entre ellas la condición de policía del condenado, la cantidad de víctimas, la extensión temporal de las maniobras y el perjuicio económico ocasionado.
El querellante también destacó la decisión adoptada por su representado frente a los comerciantes perjudicados. Según explicó, el propietario del paseo asumió las consecuencias económicas de las maniobras y reconoció como válidos los recibos entregados irregularmente a los feriantes, con el objetivo de evitar que decenas de familias perdieran los espacios donde desarrollaban sus actividades.
La investigación inicial, además, abrió una segunda línea judicial contra Chavarría. Mientras se reunían las pruebas por las estafas en el centro comercial, los investigadores encontraron elementos que lo vinculaban con otra presunta maniobra fraudulenta.
De acuerdo con la hipótesis expuesta por el fiscal López Ávila, Chavarría habría formado parte de una organización dedicada a localizar y ocupar viviendas que atravesaban algún tipo de conflicto o inconveniente legal. Posteriormente, mediante documentación presuntamente falsa, los inmuebles eran vendidos a terceras personas.
La pesquisa sobre esa supuesta estructura continuó avanzando a medida que se incorporaron nuevas evidencias. En ese expediente, además de Chavarría, fueron procesados el comisario retirado Jorge Mostafá, ex director de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y el comisario Marcelo Soraire, quien se desempeñaba como jefe de la Comisaría 1ª.
Esta segunda investigación permanece diferenciada de los hechos por los que Chavarría recibió la condena de 13 años y las responsabilidades de los involucrados deberán determinarse dentro de ese proceso judicial.