Los periodistas que se animan hoy a informar, investigar o denunciar cualquier abuso o ilegalidad en Venezuela se arriesgan a ser arrestados y acusados de “terrorismo”. Se prevé una pena de hasta 30 años de cárcel. No es una amenaza: doce comunicadores están detenidos bajo ese cargo desde las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio.
“No habíamos vivido una ola represiva de las dimensiones que estamos viviendo. Ya tenemos doce periodistas detenidos y acusados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Son delitos muy graves que pueden llevar hasta 30 años de prisión”, dijo a TN la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi.
Muchos periodistas se van del país. Cada vez son más. Algunos se resguardan y se refugian en la autocensura ante una presión oficial asfixiante. Otros se agrupan bajo la protección del anonimato en plataformas digitales que se unen para replicar informaciones desde el terreno. Pero conseguir fuentes se hace cada vez más difícil. Son muy pocos quienes se animan a hablar y dar testimonio.
“Estoy resguardado”, es una frase usual que escucha TN de dirigentes de oposición venezolanos. Otros piden consultar a sus representantes en la Argentina, lejos de todo riesgo.
La amenaza oficial contra periodistas
La presión del gobierno chavista sobre la prensa ha crecido de una manera exponencial en el último mes desde las contestadas elecciones del 28 de julio ganadas por Nicolás Maduro, según el conteo oficial, avalado por el Tribunal Superior de Justicia, en medio de denuncias de fraude de la oposición.
La intimidación no solo se practica con la prensa local. El equipo de TN que cubrió las recientes elecciones, liderado por Carolina Amoroso, recibió una fuerte advertencia en un correo electrónico oficial en plena cobertura.
Era un simple “recordatorio”. Se advertía que el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia prevé penas de 10 a 20 años de prisión a quien “públicamente o por cualquier medio apto para su difusión pública fomenta, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunta de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”.
Enseguida, los enviados fueron excluidos de un chat coordinado por las autoridades y en el que estaban todos los periodistas extranjeros que cubrían las elecciones presidenciales.
A doce periodistas venezolanos les fue mucho peor. Fueron arrestados en los días siguientes. “Los vinculan con alguna opinión disidente o contra algún funcionario o la situación que vive Venezuela”, dijo Balbi.
Los que trabajan por fuera de los medios estatales sienten la presión. “Muchos periodistas están de resguardo, de forma clandestina. Eso ha generado que disminuya la cobertura de información que no sea la puramente oficial para evitar que sean perseguidos y detenidos”, comentó.
El periodismo vive bajo toque de queda
En ese escenario, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, dijo que en Venezuela hay un toque de queda no decretado, pero que amenaza con desarticular el periodismo en el país.
Ruiz contó que varios comunicadores tuvieron que salir de urgencia hacia Colombia caminando por la frontera. Otros, según afirmó, son víctimas de una campaña de odio a través de las redes sociales. Por eso la mayoría pide no firmar sus notas.
Ruiz, citado por el sitio independiente La Patilla, dijo que todas estas acciones desmovilizaron a los periodistas. Según afirmó, muchos prefieren priorizar la defensa de su propia vida.
“Llamo la atención sobre el estado de alerta continuado en el que nos encontramos los periodistas venezolanos. Convoco a la solidaridad nacional e internacional y llamo a las instituciones del Estado para que contribuyan al cese de esta campaña de odio contra los periodistas venezolanos, quienes son señalados de delitos de terrorismo, algo que no tiene justificación alguna”, denunció.
La operación Retuit
Para romper la censura, decenas de periodistas venezolanos se agruparon en un proyecto bautizado “Operación Retuit”. Todo es anónimo para no dejar huellas. Es una especie de noticiero transmitido por 12 medios independientes asociados y que es presentado por dos avatares creados por Inteligencia Artificial.
Los informes son transmitidos y replicados por esos portales, administrados en su gran mayoría desde el exterior. Las redes sociales se encargan después de viralizarlos. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a estos medios de ser financiados por Estados Unidos.
“Los avatares fueron creados ante el riesgo y el miedo que están sintiendo los periodistas de salir en vivo, ir a la calle y grabar en situaciones normales. Hoy la gente se informa por redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram con las ventajas y desventajas que ello conlleva”, dijo Balbi.
Para la periodista, “las condiciones en este momento son de mucho riesgo y de muchísima desinformación porque al no haber esa posibilidad de ir a las fuentes de información libremente y con garantías, hay unos terrenos que son abonados y aprovechados por la propaganda, la desinformación y otros mecanismos que están sustituyendo al periodismo independiente”, alertó.
En su diálogo con TN, Balbi dijo que los medios tradicionales están bajo control oficial. “Las radios están censuradas. La gente recurre a las redes y al periodismo extranjero. La situación es muy difícil. Hay muchísimo miedo, mucha opacidad. Las fuentes están cada vez más cuidadosas. Por eso creamos plataformas para tener más espacios y protección”, concluyó.