Mucho dinero para contención social, poco para el desarrollo de las obras públicas. Así puede resumirse la composición del gasto nacional y su impacto en Tucumán, de acuerdo con la distribución de partidas incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025. La iniciativa es reveladora en todo sentido. Por ejemplo, el gasto en asistencia social (incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes alimentarios, entre otros) pasa del 66% del total proyectado para el ejercicio vigente hasta un 87,4% del total de erogaciones que se asignarán para el electoral 2025.
Esto se refleja en las cifras del proyecto: sobre un total de $ 2,7 billones (35,6% de expansión nominal respecto del presupuesto vigente), alrededor de $ 2,37 billones serán remitidos por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El detalle es muy claro:
• Las prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones) se llevan casi $ 1,3 billones del total, de los cuales $ 458.000 millones corresponden a beneficios obtenidos a través de la moratoria. Las asignaciones familiares dispondrán de $ 359.572 millones a lo largo del año que viene. Sólo en la Asignación Universal para Prestación Social se destinarán $ 205.000 millones.
• Otro ítem importante en este reparto de fondos federales es el de las Políticas Alimentarias, que contará con $ 154.389 millones; de esa partida integral, unos $ 152.000 millones serán para el Programa Alimentar.
•Asimismo, y en el ámbito de la Secretaría de Educación de la Nación, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) contará el año que viene con un presupuesto estimado en $ 171.111 millones, de acuerdo con la iniciativa oficial.
En gran medida, la elevada concentración del gasto social en las provincias está relacionada a la fusión que la gestión del presidente Javier Milei realizó en el organigrama de su gabinete. En la actualidad, Pettovello cuenta bajo su órbita no sólo el área de Desarrollo Social, sino también lo que fue Trabajo y Educación. Aún así, las variaciones de partidas respecto del ejercicio vigente muestran que, como sucedió el año pasado, la distribución del dinero federal no favoreció a Tucumán en un contexto de escasez de obras públicas. Los trabajos que los gobernadores solicitaron y acordaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en convenios bilaterales, no aparecieron en el proyecto. Por esa razón se realizó, el lunes pasado, el zoom en el que la Nación asumió nuevamente el compromiso de volcar financiamiento a las obras consideradas prioritarias por cada distrito subnacional. Por caso, en Tucumán, la Dirección Nacional de Vialidad contará con unos $ 16.000 millones dividido en prácticamente tres instancias: para reparación y mantenimiento de rutas nacionales, para construcción de autovías y autopistas y para transferencias a provincias y a municipios. No se observan trabajos con nombres propios. Asimismo, la Nación prevé $ 8.766 millones para Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica y otros $ 4.298 millones para Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.
Sin discrecionalidad
En el mensaje de remisión del proyecto de Presupuesto 2025, Milei ha dejado en claro que, en el marco de la reorganización administrativa del Estado, “se decidió eliminar la discrecionalidad de las transferencias presupuestarias, y que cada nivel de gobierno tome la responsabilidad sobre sus competencias”.
“El Estado Nacional, transfería fondos desde el Tesoro de la Nación con la finalidad de que las jurisdicciones provinciales y municipales lleven adelante obras menores, y un sinfín de otras obras públicas que no corresponden, ni debería financiarlas el Tesoro de la Nación, adicionando que el nivel de avance de muchas obras no se condecía al nivel de fondos transferidos”, justificó. En este sentido, recordó que en el Pacto de Mayo firmado por 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consigna “…el compromiso a una rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo…”. Es imperativo contar con indicadores objetivos de distribución y en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, cuya distribución, sea equitativa y dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, según lo emanado de nuestra Constitución Nacional. Se instauró la necesidad de dar cumplimiento a las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para evitar la reiterada suspensión de reglas, como sucedió en gestiones anteriores y se convocó a reunión de Consejo Federal a todas las jurisdicciones, situación que no ocurrió en los últimos cuatro años anteriores. En este contexto, tras la firma del Pacto de Mayo que en su punto 2 establece el equilibrio fiscal innegociable como política de Estado, se invitó a todas las jurisdicciones a trabajar en esta dirección, con el fin de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las regiones a través de la inversión y el impulso al sector privado, señala la iniciativa en el marco de la Relación de la Nación con las provincias.
Las más favorecidas
155% de suba respecto de este año: Santa Cruz, con una partida global de $ 1,37 billones
59,3% San Juan, con $ 1,39 billones
56,7% Misiones, con $ 1,87 billones
Las menos favorecidas
26,9% de expansión del gasto en 2025: La Rioja, con $ 660.328 millones
29,6% Tierra del Fuego, con $ 419.900 millones
3,15% Catamarca, con $ 745.468 millones