El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola (UCR), reiteró su respaldo a la auditoría dispuesta por iniciativa de su par de la Capital, Rossana Chahla (PJ), sobre la anterior gestión del Consorcio Metropolitano para la disposición final de la basura del Gran Tucumán.
En esa línea, el jefe municipal de la «Ciudad Jardín» insistió con sus críticas hacia la administración del representante alfarista, Héctor Argañaraz. «Lejos de ser transparente, manejaban el Consorcio como si fuera un almacén, anotaban en una libretita, y cada vez que (los demás municipios) pedíamos información, no había nada», aseveró Macchiarola.
Fuentes del Consorcio Metropolitano confirmaron a LA GACETA que la firma contratada a finales de 2023 para llevar adelante la auditoría sobre la gestión anterior concluyó la semana pasada con su etapa informativa. Ahora, los municipios miembros aguardan el documento con las conclusiones de los auditores.
Macchiarola sostuvo que este informe mantiene expectantes a los intendentes del Gran Tucumán. «Cuando se decía que Yerba Buena mantenía una deuda (con el Consorcio Metropolitano), nos enteramos ahora que la anterior administración, que siempre se negó a realizar licitaciones públicas y a brindar datos concretos sobre los gastos efectuados, utilizaba este organismo para hacer obras en beneficio electoral de Germán Alfaro«, indicó el radical.
Por otro lado, el intendente de la «Ciudad Jardín» sostuvo que su distrito también impulsará, en paralelo, una auditoría externa. «Queremos saber en qué se han gastado los dineros de todos los municipios que integran el Consorcio Metropolitano. Ya tenemos el reconocimiento del propio Alfaro de que se usó (este organismo) para hacer obras para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y no hay ninguna normativa que lo permita. Por eso, vamos a auditar esa gestión oscura de Argañaraz, quien fue nombrado por Alfaro», señaló Macchiarola.
En San Felipe y Overo Pozo
El Consorcio fue creado mediante ley en agosto de 2009. Hasta entonces, la competencia en materia de residuos era de la Provincia (regía la Ley 7.622, de 2005). Tras la modificación legislativa, se devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados en la gestión de la basura.
Con el actual sistema, los municipios socios (Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes) y los adherentes (Lules y Bella Vista) deben girar mensualmente fondos para garantizar el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado y separación de los desechos en la planta de San Felipe y la disposición final en Overo Pozo.
La polémica se instaló a finales del año pasado, cuando LA GACETA publicó un informe en el que se consignaban las deudas de los distintos municipios (sólo la Capital estaba al día) con este organismo, a pesar de que la Provincia había girado los fondos correspondientes a cada distrito.