El escándalo desatado en Juan Bautista Alberdi por los presuntos vínculos entre exfuncionarios municipales y el narcotráfico no sólo provocó un sismo político de alta magnitud, sino que también sacó a la luz una preocupante red delictiva que, según la justicia, se extiende a lo largo de las principales ciudades del sur tucumano.
La región —por su ubicación geográfica estratégica y, en algunos casos, por la presunta complicidad política— estaría siendo copada por organizaciones criminales ligadas al tráfico de estupefacientes.
El detonante fue la grabación filtrada entre el ex intendente Luis “Pato” Campos y el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez, que motivó la apertura de una causa federal impulsada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
En ella, se investiga a Campos, a su esposa y legisladora en uso de licencia Sandra Figueroa, al ex secretario de Hacienda José Roldán, y a varios jóvenes vinculados al municipio, por una posible asociación destinada a traficar o comercializar drogas.
La pesquisa se centra en los viajes a Bolivia realizados por varios de los implicados, incluido uno registrado el 5 de mayo por el propio Giménez, que generó la sospecha de que habría negociado un cargamento de cocaína.
Apenas días después, se detectó un flujo de cuatro kilos de esta droga. Uno fue secuestrado en poder de Rodrigo Campos, supuesto allegado a Roldán. Los otros tres estaban en manos del clan Paradi, una organización con sede en Concepción y fuerte presencia en Alberdi.
Las ciudades de Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, La Cocha y Alberdi comparten una preocupante coincidencia: todas están atravesadas por rutas que facilitan el tráfico de drogas y acumulan crímenes con tintes narcos que, en muchos casos, siguen impunes. El corredor que une estos municipios con la “Ruta de los Valles” se ha consolidado como un eje del transporte de estupefacientes. Según registros oficiales, en lo que va del año ya se decomisaron 545 kilos de cocaína, de los cuales 317 fueron incautados en Tucumán.
Para el fiscal federal salteño Ricardo Toranzos, describir estos lugares como “zonas de tránsito” es una lectura superficial: las organizaciones no sólo pasan por allí, sino que dejan parte de la droga para solventar gastos o deshacerse de sustancias de menor calidad, contaminando socialmente el territorio.
“Después de la capital, el sur es la región con más procedimientos realizados”, sostuvo Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop). Solo en una semana, se incautaron cuatro kilos de cocaína en panes, que las bandas pueden multiplicar hasta en siete veces, produciendo 56.000 dosis de medio gramo cada una.
Mientras en San Miguel de Tucumán los puntos de venta están concentrados por barrios, en el interior las redes narcos ya operan en municipios enteros. Recientemente, la Digedrop desarticuló los clanes Uñate, Paradi y Campos.
Una alarmante coincidencia ubica a esos municipios y a su entorno como sedes de crímenes con sello narco que aún no pudieron ser esclarecidos por la justicia.
Famaillá: el 30 de marzo de 2015, los policías Ángel Vélez y Alberto Valdez fueron ejecutados en Río Colorado. Aunque no estaban de servicio, se acercaron a verificar una presunta operación de drogas y fueron asesinados al intentar identificar a los ocupantes de un vehículo. Sebastián Jaime fue condenado, pero la investigación ordenó indagar a Nicolás Orellana y Samuel Morales, vinculados al entorno del condenado Miguel Ángel “Piki” Orellana, hermano de los mellizos José y Enrique, dueños del poder en la zona. Esa parte de la causa nunca avanzó.
La Cocha: en marzo de 2021, Víctor Brito y su hijo fueron asesinados con un disparo en la nuca. Al joven lo incineraron dentro de su vehículo. Se sospecha que ambos habrían retenido un cargamento de droga. Un sospechoso, condenado por narcotráfico y vinculado con ex funcionarios de Alberdi, fue investigado pero no se hallaron pruebas concluyentes.
Monteros: en febrero de 2022, Luis Rodrigo “Chano” de La Vega y su hijo Walter Facundo fueron encontrados muertos a balazos en Las Mesadas. No hay detenidos ni pistas firmes, aunque se presume una conexión con bandas narco que operan sobre la Ruta de los Valles.
Alberdi: en mayo pasado, Carlos “Kokoz” Rodríguez —mano derecha del ex funcionario Roldán— y Elvio Díaz fueron imputados por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos en Orán, Salta. El hecho está vinculado al narcotráfico y tiene ramificaciones en Tucumán.
Aguilares: desde febrero, Manuel “Chuky” Zárate permanece desaparecido. Vivía en situación de calle y era adicto. La principal hipótesis es que fue asesinado por un transa del lugar, luego de robarle el celular a su hija.
Las investigaciones reactivadas, los cambios políticos y el avance de causas judiciales son interpretados por dirigentes y funcionarios del sur tucumano como una señal clara: nadie está exento de quedar bajo la lupa. La intervención al municipio de Alberdi y el seguimiento judicial a exfuncionarios marcan un antes y un después.
A pesar del avance de ciertas causas, las autoridades no descartan que un nuevo escándalo, similar al de Alberdi, vuelva a emerger desde las sombras del poder político y económico del sur provincial. Por ahora, la justicia intenta desentramar un complejo rompecabezas donde confluyen corrupción, narcotráfico y silencio.
Fuente:Contexto