La investigación por el disparo efectuado dentro de un aula de la Escuela Congreso, en San Miguel de Tucumán, no derivó, hasta el momento, en imputaciones penales contra el adolescente involucrado ni contra el adulto con el que convivía. La Justicia confirmó que el revólver secuestrado estaba legalmente registrado a nombre de su padrastro y ahora concentra la pesquisa en establecer cómo el menor accedió al arma y si existió alguna responsabilidad en su custodia.
El episodio fue denunciado por las autoridades del establecimiento educativo, que informaron que uno de sus alumnos había ingresado a clases con un revólver calibre .38 y había realizado un disparo mientras permanecía dentro del aula.
Tras la intervención policial, el menor fue demorado y el arma quedó secuestrada. Por disposición del fiscal Mariano Fernández, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde profesionales especializados elaboraron un informe sobre su situación personal. Horas más tarde, fue restituido al cuidado de su madre.
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal también incorporó un nuevo elemento de análisis. Según confirmó el fiscal, el estudiante había sido filmado en una ocasión anterior manipulando una pistola calibre 9 milímetros, distinta del revólver incautado en la escuela. Ante esa circunstancia, se ordenó profundizar las diligencias para determinar el origen y el paradero de esa segunda arma.
Fuentes judiciales indicaron que el revólver utilizado en el hecho pertenece al padrastro del adolescente, un camionero que al momento del incidente se encontraba fuera de la provincia. A través de familiares, el hombre presentó la documentación que acredita que es el legítimo tenedor del arma.
Respecto de la pistola que aparece en los videos, los investigadores señalaron que todavía no fue localizada, por lo que aún no pudieron establecer si se trata de un arma de fuego auténtica o de una réplica.
Las primeras declaraciones reunidas durante la pesquisa permitieron además reconstruir que el disparo se habría producido de manera accidental. De acuerdo con la hipótesis inicial, el adolescente manipulaba el revólver en un contexto de broma cuando se accionó el arma.
Esa secuencia también explicaría por qué el docente que dictaba clases interpretó inicialmente que el estruendo correspondía a la explosión de un petardo. Recién después se advirtió que se trataba de un disparo al comprobar que el proyectil había impactado contra una de las paredes del aula.
Por la edad del estudiante, la legislación vigente impide someterlo a un proceso penal. No obstante, la investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que obtuvo el arma y determinar si algún adulto incumplió los deberes de guarda y custodia del revólver secuestrado.
El caso también quedó atravesado por un cambio normativo inminente. El adolescente evitó ser alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 5 de septiembre. De haber ocurrido el episodio después de esa fecha, la situación procesal habría sido distinta y podría haber dado lugar a una acusación formal, además de eventuales medidas reparatorias por las consecuencias generadas dentro de la comunidad educativa.
Fuente: Contexto