“Resulta indispensable aclarar que el episodio se desarrolló en un contexto de excesos y desorganización, cuya dinámica concreta aún se encuentra bajo investigación. Ese contexto no puede ser ignorado ni simplificado sin riesgo de arribar a conclusiones apresuradas o incorrectas”, sostuvieron Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los defensores de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez.
Los profesionales, a través de un documento enviado a LA GACETA, rompieron el silencio luego de haber optado por no realizar declaraciones públicas, al considerar “necesario efectuar una aclaración ante la multiplicidad de versiones que circulan, muchas de ellas carentes de sustento y fuertemente condicionadas por la presión mediática”.
“Está fuera de discusión que el hecho investigado ocurrió en el domicilio de Felipe Sosa y que la víctima estuvo allí. Ese dato nunca fue negado ni puesto en duda por esta defensa. La investigación deberá avanzar para determinar con precisión la dinámica de lo sucedido, tarea que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial”, agregaron los defensores.
En el escrito, Cosiansi y Flores señalaron: “Las conductas posteriores al hecho -claramente erráticas, desorganizadas e impropias de cualquier hipótesis de planificación- refuerzan ese cuadro general. Nada de lo sucedido después permite sostener la existencia de una conducta racional, premeditada o dirigida a eludir deliberadamente la acción de la Justicia”.
“La prioridad de esta defensa no es forzar conclusiones ni disputar titulares, sino garantizar una investigación imparcial, libre de presiones externas, y recuperar a Felipe Sosa en términos de salud, para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa y, en su caso, aportar todo aquello que resulte relevante para el esclarecimiento del hecho”, añadieron.
Los abogados también fijaron postura sobre el desarrollo del proceso: “La investigación continuará su curso. Las tareas probatorias deberán realizarse con el rigor técnico que el caso exige. Esta defensa acompañará ese proceso, reclamando objetividad, respeto por las garantías constitucionales y un abordaje serio de la situación de salud de la persona imputada”.
Fuente: La Gaceta