A medida que pasa el tiempo aparecen más detalles sobre los contubernios que unían a efectivos de Gendarmería Nacional y los contrabandistas que ingresaban ilegalmente mercadería por la frontera norte del país. El último revela cómo era la millonaria maniobra en la que están involucrados efectivos de toda la región norte, aunque con epicentro en la provincia.
Un año atrás, los contrabandistas que ingresaban mercadería ilegal por la permeable frontera norte, informaron desde el anonimato que los gendarmes se estaban pasando de rosca con los montos de esa suerte de aduana paralela que a diferencia de la legal, operaba con suma eficiencia cuando regresaban cargados desde el norte del país.
El incendio del micro del tour de compras en Trancas ocurrido en agosto fue otro de los sucesos que marcaron el proceso, cuando los pasajeros del ómnibus se enfrentaron con los gendarmes que pretendían registrarlo.
La sospecha de que transportaban drogas se confirmó al determinar que la carga era de marihuana y, según algunas versiones, también cocaína, que lograron sacar en medio del caos.
“Ya pagamos lo que debíamos haber pagado”, fue una de las frases que se escuchó en los videos viralizados y que fue incorporado como un indicio más en el expediente.
Los fiscales federales Agustín Chit (Tucumán) y Carlos Amad (Salta), al advertir que estaban investigando lo mismo, recurrieron a la figura de Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que les permitió trabajar coordinadamente y compartir información valiosa.
Las autoridades salteñas procesaron a ocho gendarmes acusados de cohecho. Según la investigación, sólo en el puesto de El Naranjo, ubicado a 18 kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera y el último antes del que está en la localidad tucumana de Molle Yaco, cobraban a los contrabandistas entre $ 3.000 y $ 7.000 para no revisarlos.
En la audiencia donde se ordenó la prisión preventiva a ocho gendarmes, el representante del Ministerio Público estimó que por día habrían recaudado al menos $ 1 millón.
Pero los investigadores aseguran que en Tucumán estaba la “madre de los arreglos”.
La complejidad y el número de participantes en la maniobra los llevaron a plantear que por un lado, los gendarmes, cambio de al menos $ 400.000 por micro, les permitían ir y volver sin ser molestados, lo que demuestra a su juicio que el acuerdo también incluía a los otros 10 controles entre Orán y Tucumán.
Los efectivos apresados son Exequiel López, Ángel Mendoza, Cristian Amarilla, Arnaldo Viravica, José Ortiz, Darío Ávalos, Rodrigo Agüero, Enrique Luque, Sergio Vilte, Maira Gabriela Mamaní y Lucas Córdoba. Fueron imputados por integrar una asociación ilícita, mediante la cual cobraban coimas, en un claro incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Todo indica que un gendarme oficiaba como nexo con las personas que pagaban los sobornos y sus compañeros de fuerza a los que le habrían entregado sumas de dinero para que permitieran el paso de los colectivos cargados con mercadería ilegal en toda la región, además de Tucumán.
Según se pudo saber, ese circuito se considera como probado porque el fiscal Chit, con la orden judicial pertinente, sacó a la luz todos los movimientos financieros.
Por detrás vienen los organizadores, llamados coordinadores que organizaban a los contrabandistas para pagar los sobornos y que se les permitiera pasar sin problemas con la mercadería ilegal y las drogas.
Fueron detenidos por esto Neri Cristian Calle, María Cristina Uzieda Lozada (pareja de “Papichulo”, otro conocido organizador de tours de compras) y Manuel Lazarte, responsable del micro incendiado en Trancas y vinculado a la excursión en el que la Policía secuestró 61 kilos de marihuana. Hay al menos otros cinco señalados por cometer este tipo de delitos prófugos.
Representado por Aníbal Paz y Jesús Ruiz Flores, el acusado habría rechazado la opción de declarar, como lo hicieron la mayoría de los imputados.
Las evidencias aparecieron después de haber sumado los aportes de agentes reveladores en la causa y de que los acusados entregaran los códigos de desbloqueo de sus celulares para someterlos a análisis.
La tercera línea la integran quienes recibían el pago de los sobornos a nombre de terceros mediante billeteras virtuales o recibiendo el efectivo en forma personal.
Esta fue la causa que derivó en el arresto de Emma del Valle Olivera, madre del gendarme López, porque cuando los investigadores allanaron su domicilio en el marco del Operativo Dignidad, secuestraron $ 30 millones en efectivo.
Hay otro sospechoso que es intensamente buscado por realizar la misma tarea en otro sector de este entramado delictivo.
Se especula que en los próximos días, los defensores podrían aceptar que sus clientes aporten pruebas para tratar de mejorar su situación procesal, dado que varios estarían dispuestos a colaborar con la investigación con la idea de que no formaban parte de ninguna asociación ilícita, aún cuando está claro que efectuaban el pago de sobornos para poder seguir con una actividad que. aunque parece normalizada porque la vienen desarrollando hace años, sigue siendo ilegal.