La Justicia Federal en Tucumán atraviesa días decisivos en la investigación que involucra a exfuncionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi por presuntas conexiones con el narcotráfico y maniobras de lavado de activos. El exintendente Luis Campos será citado nuevamente a ampliar su declaración indagatoria, mientras que un profesional médico evaluará si se le concede el arresto domiciliario al ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán.
La causa se abrió en junio tras la viralización de un audio entre Campos y el empresario de la construcción Roque “Chipi” Jiménez, en el que habrían quedado al descubierto presuntos vínculos con el narcotráfico e irregularidades en la obra pública.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sostiene que Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, junto a Roldán, el exsecretario de Desarrollo Social Juan Pablo Barrionuevo, el ex concejal Albano Loru y el propio Jiménez, habrían utilizado la estructura financiera del municipio para canalizar activos provenientes de la distribución y comercialización de drogas.
El expediente avanza en el fuero federal por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y confabulación por narcotráfico, mientras que la justicia ordinaria debía investigar un proceso paralelo por malversación de fondos públicos.
Todos los imputados ya fueron indagados y negaron las acusaciones en su contra. Los defensores de los distintos acusados —entre ellos Silvia Furque (Jiménez), Javier Lobo Aragón y su hijo (Loru), además de María Florencia Abdala y Camilo Atim (Roldán y el matrimonio Campos-Figueroa)— solicitaron sin éxito la liberación de sus representados.
Aunque Campos nunca estuvo detenido, la Fiscalía le anticipó que sería citado nuevamente tras analizar la documentación recolectada y los dichos de los demás imputados. Según allegados al matrimonio, el exintendente “espera tranquilo” la nueva convocatoria y confía en que su esposa irá “despegándose” de la acusación.
Como parte de la investigación por lavado de activos, la Justicia Federal ordenó el secuestro de vehículos vinculados a los acusados. El martes, efectivos federales concretaron la medida y, según trascendió, se incautaron de una camioneta Toyota Hilux, una combi Mercedes Benz y un cuatriciclo, presuntamente pertenecientes al matrimonio Campos. La denuncia de Jiménez sugiere que algunos de esos bienes habrían sido adquiridos con cheques municipales.
Sobre el resto de los investigados no se conocieron detalles oficiales, aunque se espera que en los próximos días el juez federal José Manuel Díaz Vélez resuelva la situación procesal de todos los imputados.
Mientras la defensa de Campos asegura que su único patrimonio comprobable es una motocicleta Honda Wave, la investigación se centra en rastrear los bienes y los posibles flujos financieros que podrían vincular a los exfuncionarios con actividades ilícitas.
La definición sobre la continuidad de la causa y el futuro procesal de los imputados será clave en los próximos días para determinar si los indicios alcanzan a configurar un entramado de corrupción política con conexiones en el narcotráfico.