La justicia ordenó la liberación inmediata del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, mientras apela la condena de 12 años de prisión domiciliaria que recibió por soborno y fraude procesal en un fallo sin precedentes en el país. La orden fue emitida este martes por un tribunal colombiano.
Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanecía detenido en una casa de su propiedad en el noroeste del país. AP reportó que sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo.
En la defensa legal, alegaron que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención. El expresidente celebró la decisión y agradeció a sus simpatizantes y a Dios. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió en su perfil de X.
Los congresistas del Centro Democrático, fundado por Uribe, también celebraron la medida. “Esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima”, dijo Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático, en un video difundido a la prensa.
A inicios de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe Vélez al concluir que instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos para que negaran los presuntos vínculos del expresidente con exparamilitares. Pero lo absolvió por el presunto soborno a una exfiscal condenada por corrupción.
Heredia justificó la orden de detención domiciliaria por las “estrategias dilatorias” desplegadas en el juicio por la defensa del expresidente y advirtió que le “resulta fácil” abandonar el país para “eludir la sanción impuesta”. Sin embargo, el tribunal que lo liberó consideró que Uribe no tenía antecedentes penales y tuvo un buen comportamiento durante el juicio al que acudió voluntariamente.
El fallo fue apelado por la defensa del exmandatario, quien siempre se ha declarado inocente. Será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de decidir sobre el caso en segunda instancia.
Los antecedentes de un caso histórico
El caso comenzó en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, los cuales siempre ha negado el expresidente, por lo que decidió demandar por difamación a Cepeda.
La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió uno contra Uribe para investigar si el expresidente estaba intentando manipular testigos para que declararan a su favor. Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso penal, dijo a la prensa que respeta la decisión del tribunal que deja en libertad a Uribe, pero que no lo comparte. “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”, aseguró.
Horas antes, una organización defensora de los derechos de los jueces en Colombia informó que pidió medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la jueza que condenó a Uribe, porque ha sido amenazada de muerte. El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, que elevó la solicitud de protección, aseguró en un comunicado que la jueza está en “evidente peligro por las declaraciones altisonantes del procesado, sus familiares y partidarios políticos”.