El controversial fallo de la Corte Suprema que ratificó la derogación de la Ley de Tierras abrió una caja de pandora y le puede volver como un búmeran al Gobierno, que ahora se arriesga a que la oposición le voltee en el Congreso el DNU 70/23 entero.
Sucede que producto de la resolución del máximo tribunal de Justicia que da luz verde a la extranjerización sin límites del territorio nacional, Unión por la Patria y otros bloques opositores amagan con pedir una sesión especial para derribar el megadecreto de desregulación que dictó el presidente Javier Milei en los primeros días de su mandato.
Altas fuentes de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados adelantaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que están analizando las fechas del 14 o el 15 de octubre para una hipotética sesión.
De todos modos, la oposición explora otras alternativas, como trabajar en el marco de un proyecto de ley que anule el polémico artículo 154 del DNU 70/23 y reponga la vigencia de la Ley de Tierras.
El interbloque peronista en el Senado ya presentó un proyecto con esas características.
Esta vía alternativa reúne mayores condiciones de viabilidad, ya que hay bancadas «dialoguistas» -ineludibles en cualquier cuenta para juntar una mayoría sólida- que no están convencidas de derrumbar el DNU completo, ya que en el camino para recuperar la vigencia de la Ley de Tierras se llevarían puesto también la derogación de la Ley de Alquileres y de otros instrumentos de regulación económica que preferirían no resucitar.
Después de que el Senado rechazara el DNU 70 el 14 de marzo del 2024, la pelota pasó a la Cámara de Diputados, pero en estos dos años y medio la oposición nunca reunió el número para completar el trabajo de la Cámara alta y se impuso la postura de no tomar riesgos alocados.
Con la renovación parcial de las cámaras de diciembre del 2025, se alteró la correlación de fuerzas y la oposición quedó aún más lejos de la mayoría necesaria para volar de un plumazo el megadecreto presidencial.
«Una opción es pedir una sesión, pero no es tan fácil. Si bien el tema Tierras caló hondo en la sociedad y muchos diputados del medio nos acompañarían, tenemos una composición en la Cámara más desfavorable que en el 2024 y el 2025», advirtió un diputado nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
Más allá de este diagnóstico realista sobre dónde está parada la oposición, por ahora la intención de convocar a una sesión para rechazar el decreto está en pie y, en el peor de los casos, servirá para aplicar el «principio de revelación».
«Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién», desafió la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, la primera que se expresó a favor de convocar al recinto.
El planteo de la líder izquierdista y ex candidata presidencial generó una reacción en cadena: diputados del peronismo y de Provincias Unidas se expresaron en el mismo sentido.
«Esto no va a quedar acá. El pueblo frenó el remate de nuestras tierras. Ahora la Corte pretende volver a habilitarlo. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo», apuró Cecilia Moreau, la vicepresidenta de la Cámara baja y una de las principales espadas de Sergio Massa en el Congreso.
El diputado nacional Miguel Pichetto (Provincias Unidas) soltó una idea distinta, menos osada, pero que podría resultar efectiva: incluir el restablecimiento de la Ley de Tierras en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (que, entre otros temas, reafirma la soberanía argentina de las Islas Malvinas).
«Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite», escribió el oriundo de Río Negro en su cuenta de la red social X.
Más allá de la estrategia política institucional a adoptar, la idea de la oposición dura es apalancarse en la presión de la calle para dar vuelta el fallo de la Corte.
Diputados de Unión por la Patria y de la izquierda se esperanzan con un revival del efecto de la marcha multitudinaria que en mayo del 2017 logró revertir el fallo del 2×1 a los represores militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Ya existe una convocatoria formal para el martes próximo a marchar a Tribunales en repudio a la decisión de la Corte Suprema, y confluirán allí organizaciones del Frente de Izquierda, de Unión por la Patria y de las dos CTA.
En paralelo, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino encabezará este jueves la presentación de un pedido de juicio político contra los tres magistrados del máximo tribunal.
El objetivo es intensificar la presión contra la Corte para revertir el fallo o, al menos, generar un clima social que permita que la Justicia haga lugar a una nueva cautelar que frene la aplicación del artículo 154 del decreto 70/23.
La estrategia del oficialismo
En el oficialismo se tomó con sorpresa el fallo judicial y se exploran opciones para evitar que el tiro de la Corte le salga por la culata.
Si bien el sentido de la resolución judicial es favorable a los intereses de la Casa Rosada, los efectos finales son impredecibles y pueden volverse en contra si la oposición avanza en su objetivo de tirar abajo el DNU 70 completo en una sesión de Diputados.
Tras poner las barbas en remojo, la estrategia que el oficialismo evalúa implementar para blindar el megadecreto es «reintroducir en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada algún tipo de restricción (mínima) a la compra de tierras», supo la Agencia NA de altas fuentes libertarias del Congreso.
El problema de esta receta de «restricciones mínimas» a la compraventa de tierras es que ya fue probada por Patricia Bullrich en el Senado, y el resultado fue un fracaso rotundo: el capítulo sobre la Ley de Tierras tuvo que ser retirado.
Fue el desenlace natural del vertiginoso proceso social que se desencadenó cuando jugadores de la selección argentina desplegaron una bandera patriótica de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas tras ganarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
La sociedad se apropió de esa bandera y todo lo que vino después fue la crónica de una muerte anunciada para el Gobierno: el desguace de una ley con la que pretendía liberalizar al extremo la extranjerización de tierras.
Esa visión se instaló a tal punto que Milei tuvo que hacer una vuelta carnero en el aire con respecto a su postura histórica sobre Malvinas, a contramano de la narrativa que abrazó durante años.
Con el fallo de la Corte, el Gobierno queda en falsa escuadra porque, mientras se esmera en defender una ley con un título ampuloso de Defensa de la Soberanía Nacional, se refugia en la decisión de tres jueces que va a contramano de la voluntad mayoritaria de la sociedad.
La Ley de Tierras, derogada por el decreto 70, establecía un límite a la venta de hasta el 15% de las tierras a nivel nacional, provincial y hasta jurisdiccional.
Asimismo, se aplicaba un tope de 1000 hectáreas para la compraventa de tierras en la zona núcleo.