La comida tenía que llegar a los comedores comunitarios y merenderos barriales, pero nunca sucedió. Desde diciembre de 2023 hasta ahora el Gobierno de La Libertad Avanza acopió casi 6 toneladas de alimentos repartidos en dos galpones, y hasta apeló al fallo judicial que ordenó repartirlos antes de que se venzan.
Por eso el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó este martes el rechazo al recurso de apelación del Ministerio de Capital Humano a la medida cautelar adoptada por el juez Sebastián Casanello, que incluía la presentación de un plan de entrega de los alimentos.
Capital Humano había apelado el fallo de Casanello, y hasta la subsecretaria de Legal y Técnica, Leila Gianni, lo trató de «juez militante» y dijo que se entrometía en decisiones del Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei.
Pero para el fiscal Agüero Iturbe con la cautelar de Casanello «no se está invadiendo ninguna esfera de reserva que importe quebrantar la división de poderes», sino que investiga un posible delito a la vez que se hace cumplir los tratados internacionales que garantizan el derecho de la población a acceder a los alimentos.
«No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantizar el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria. Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso», expresó el fiscal ante la Cámara que debe resolver en segunda instancia.
Agüero Iturbe también desmintió la versión del Gobierno de que en los depósitos -ubicados en Tafí Viejo, Tucumán, y en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires- había más que nada yerba mate, lo que no constituye un insumo útil a comedores comunitarios.
«En efecto el 34,6% de mercadería restante en Villa Martelli y o el 40,7% en Tucumán no corresponden al producto mencionado y también, en principio, se encontraría abarcado en la distribución», estableció el fiscal este martes ante los jueces de la Cámara, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico.
Ahora los jueces deberán resolver si le dan lugar a la apelación del Gobierno o a la medida cautelar del Casanello, y quizás por eso este martes no se produjo en tiempo y forma el traslado a la Fundación CONIN de Tucumán de los 69.000 kilos de leche en polvo que están en el depósito de Tafí Viejo.