Luego de cerrar definitivamente la séptima revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el llamado staff report. El informe funciona como una suerte de “hoja de ruta” que muestra su evaluación sobre la economía argentina en general y el avance del programa en particular.
Una de las partes centrales del extenso documento difundido este jueves por el organismo apunta al impacto que tendrá en las personas de menores ingresos el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, que pretende alcanzar un superávit primario del 2% del PBI en 2024.
“El plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte -consistente con un gran ajuste inicial de alrededor de 5 puntos porcentuales del PBI-, junto con acciones clave para reconstruir las reservas, impulsar el equilibrio comercial (para lograr superávits gemelos), corregir grandes y extensos desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del Banco Central y crear un sistema más simple, basado en reglas y orientado al mercado”, indica el escrito.
Este objetivo, siempre de acuerdo al FMI, implicará en primer lugar que la inflación sufrirá una aceleración en el corto plazo producto de la eliminación de los controles de precios y el ordenamiento de los precios relativos, que desembocaría en una recuperación de la economía recién para finales de 2024.
El Fondo advierte que, producto de este escenario de crisis económica, “puede ser necesaria una mayor ampliación de la asistencia social a medida que evolucionen las condiciones”.
“Existen riesgos de que el paquete de políticas no pueda inicialmente cumplir sus objetivos, lo que requiere una formulación de políticas ágil, planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social”, sostiene el informe. Y más adelante insiste: “El programa de estabilización deberá incluir una expansión temporal del apoyo social específico para proteger a los más vulnerables del salto inicial de la inflación y la contracción de la actividad”.
En este sentido, puntualiza que la ayuda debe ser “oportuna”, es decir, que el Ejecutivo deberá tomar medidas anticipadas y simultáneas para mitigar las consecuencias, por ejemplo, de la suba de las tarifas energéticas. Ese refuerzo deberá estar destinado a los hogares de clase media y baja para sobrellevar el impacto de la “gran corrección inicial de los desajustes de precios relativos (combustibles, servicios públicos, seguros médicos, etc.)”.
Si esa ayuda no se concreta, el Fondo asegura que la conflictividad social podría agravarse. “Dada la delicada situación social y el hecho de que el plan de estabilización tardará en materializarse, no se pueden descartar los riesgos de malestar social, incluso con cierto refuerzo de la red de seguridad social”, afirma.
El ente multilateral de crédito, además, hace hincapié en que la asistencia social debe ser “adecuada y bien focalizada”. Por eso, indica que se deberá revisar la base de datos actual de los programas sociales, una acción que se estaría desarrollando junto con la colaboración del Banco Mundial.