El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó la política de subsidios a las tarifas señalando que intentar frenar el impacto de la inflación por esta vía es una de las estrategias más costosas e ineficientes para el Estado.
El organismo expuso en un informe que reprimir las tarifas de los servicios públicos genera profundas ineficiencias fiscales, mientras que la segmentación y el apoyo directo a los hogares protegen a la población vulnerable.
A partir del análisis de intervenciones estatales en 76 países a lo largo de las últimas tres décadas, el estudio señala que las economías emergentes han apelado de forma recurrente a subsidiar a los productores de energía, reducir aranceles o imponer controles directos sobre las tarifas finales.
Aunque reconoció que estas medidas buscan atenuar el impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores, expuso que el esfuerzo fiscal requerido es desmedido respecto a los beneficios obtenidos.
Al respecto, el informe puntualizó que “brindar la misma protección a las familias de menores ingresos a través de subsidios al consumidor puede requerir entre tres y seis veces más recursos fiscales que las transferencias focalizadas”.
Además, señaló que subsidiar a la producción para mantener las tarifas artificialmente bajas resulta “entre 14 y 22 veces más” costoso para el presupuesto público que transferir recursos directamente a los sectores vulnerables.
En este contexto, planteó: “Dado que los alimentos y la energía representan una porción mayor del gasto de las familias de menores ingresos, estas soportan una inflación significativamente más alta que los hogares más prósperos durante las crisis del costo de vida”.
Como ejemplo, el FMI mencionó que durante la crisis energética en Europa entre 2022 y 2023, “por cada euro gastado en reprimir los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 céntimos llegaron al quinto más pobre de los hogares”.
El reporte advierte que mantener las tarifas congeladas o retrasadas distorsiona los incentivos de consumo, desestimula el ahorro energético e incrementa el endeudamiento público. Por el contrario, permitir que las tarifas reflejen los costos reales del mercado, compensando de forma transparente y directa a los hogares que realmente lo necesitan, permite preservar el espacio fiscal y promover un uso eficiente de los recursos.
Al respecto, puntualizó que “las transferencias focalizadas y temporales son la forma más eficaz y económica de proteger a los hogares más pobres cuando los precios básicos se disparan” y remarcó que “este enfoque apoya directamente a quienes más lo necesitan”.
En este marco, el organismo considera que las asistencias deben ser temporales y dirigidas estrictamente a las familias de menores ingresos, quienes concentran la mayor parte de su gasto en necesidades básicas y sufren con mayor severidad la erosión de los ingresos.
Asimismo, planteó que en casos excepcionales donde existan riesgos de tensión social, la cobertura puede extenderse temporalmente a sectores medios, pero siempre mediante mecanismos de caducidad explícitos y anclados al impacto real del shock tarifario.