Tras la revocación de la Corte Suprema sobre el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la ley en su provincia.
Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de «resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad» y «por todas las vías correspondientes».
En el escrito, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en «una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional». No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta «de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia».
«Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido», advirtió el mandatario provincial en sus redes.
Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es «un deber irrenunciable» con la gente y la soberanía de Misiones.
El fallo de la Corte
Días atrás, el máximo tribunal revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.
La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.
“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.
En una aclaración dirigida a la opinión pública, la Corte manifestó que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del máximo tribunal y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.
Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente.
“Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte.