Con la aprobación en general del Presupuesto 2026 en el Senado, el oficialismo pudo cumplir con uno de los principales objetivos que se había planteado el presidente Javier Milei. A contrarreloj, se trató de un test clave que obligó a distintos actores del Gobierno a transpirar más de la cuenta, con un jefe de Estado monitoreando acciones desde Olivos, con un ojo puesto en la sesión de la Cámara Alta y el otro en las negociaciones que llevaban sus emisarios. En ese frenesí se comenzaron a diagramar los pasos para los próximos 40 días, con foco puesto en el nuevo proyecto de reforma laboral.
Pese a que busca evitar las cuestiones políticas de rutina (porque lo sacan del eje económico), Milei decidió seguir en soledad de la quinta presidencial el minuto a minuto de la jornada parlamentaria. En la semana, había definido su asistencia al Foro de Davos 2026, entre el 19 y el 23 de enero, en compañía de su canciller Pablo Quirno e intentó despejar dudas sobre la suerte del proyecto, con promesas de aprobación a como dé lugar. En la propia Casa Rosada hablaban de esfuerzos para mantener condiciones del capítulo 11, que la oposición terminó rechazando en la Cámara Baja. Era un hecho que obligaba a que el texto vuelva a Diputados en pos de ratificar o rechazar modificaciones. Fue sorteado a partir de la decisión oficial de ceder antes de que la situacion fuera peor.
Mientras el Presidente seguía el debate de la Cámara Alta con atención inusitada, un grupo de funcionarios trabajó con celeridad para intentar que quede en pie el artículo 30, resistido por la oposición más permeable al diálogo. El texto de dicho artículo eliminaba los pisos mínimos de fondos para educación, ciencia y tecnología y los senadores de la Unión Cívica Radical habían anticipado que no lo iban a votar.
El que comandó las acciones fue Diego Santilli, el ministro del Interior. Fuentes libertarias señalaron que intentó buscar consensos en tándem con la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich. A su lado, estuvo Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, el hombre que diseñó y se ocupó de los aspectos técnicos del texto de previsión de gastos.
En Balcarce 50 remarcaron que el funcionario de Economía explicó la relevancia de sostener un proyecto que asegura el equilibrio fiscal con ejemplos prácticos. Paralelamente, corrió la versión que Santiago Caputo se había inmiscuido en las negociaciones a último momento. Pero fuentes libertarias lo negaron de manera tajante: “Estuvo Patricia”.
El influyente asesor presidencial prácticamente no participó de las negociaciones para acercar posiciones entre distintos actores en este tema. Fue un lugar que el oficialismo reservó para Martín y Eduardo “Lule” Menem (titular de la Cámara Baja y secretario general de la Presidencia), Manuel Adorni, jefe de Gabinete y el jefe de Interior, Santilli, quien desde que asumió su lugar en la cartera armó un tour federal para encontrarse con gobernadores y sondear posiciones de los mandatarios con vínculos con el partido libertario.
Los próximos pasos del gobierno libertario
En relación a los próximos pasos y cómo piensa atravesar el verano, la gestión de La Libertad Avanza tiene algunos planes que se van a terminar de afinar en las próximas horas, previa reunión de la mesa política que se reúne en el despacho de Adorni. El primero que asoma es extender el período de sesiones extraordinarias a partir de la última semana de enero gracias a un decreto de aparición entre lunes y martes, justo antes de la finalización de 2025.
La próxima meta del Gobierno pasa por sancionar la ley de modernización laboral que consiguió dictamen en la Cámara Alta, pero no tiene consensos suficientes para ser aprobada. Por eso, LLA retrasó el tratamiento hasta el 10 de febrero.
Pese a que un sector del sindicalismo alertó que el oficialismo iba a apurar el debate, el entorno de Bullrich aseguró que la hoja de ruta no se modifica y a partir del 10 de febrero habrá discusión en el recinto.
Con un dato no menor: hay integrantes de la primera línea libertaria que anticipan que de acá hasta el segundo mes del año, el proyecto puede contar con modificaciones. “Hoy no podemos asegurar que el texto quede así, de acá al 10 de febrero puede pasar cualquier cosa”, le expresó a PERFIL un integrante del gabinete.
¿Qué cambios imagina o por lo menos está dispuesto a discutir el Gobierno en torno a un proyecto que considera estructural? En principio, las condiciones de las cuotas solidarias, algo que despertó la ira del gremialismo, en particular de la CGT. Se trata del aporte económico periódico que los trabajadores afiliados y no afiliados pagan a su sindicato para financiar sus actividades, como la defensa de derechos, negociación colectiva y asistencia en huelgas.
Una chance es dejar lo estipulado por la ley vigente y que no dependan exclusivamente del pacto entre el empleador y la Secretaría de Trabajo, tal como propone el texto y que apunta a restringir el mecanismo de financiación de varios sindicatos. Además, hay algo que reconoce otro relevante funcionario libertario: es un método de recaudación que al empresariado no le incomoda. Mario Grinman, jefe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) lo dijo a viva voz en una reunión en el Rotary Club.
Fuente: Perfil