El Gobierno afirma que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los agentes de las Fuerzas Armadas. La decisión fue ratificada por altas fuentes del Ejecutivo y abarca una revisión amplia de los protocolos de evaluación y acompañamiento del personal militar, en especial de aquellos efectivos que prestan servicio armado en entornos sensibles.
Según pudo saber TN, la medida apunta a profundizar los controles existentes en vez de reemplazarlos y fue tomada tras la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos.
Las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, el régimen vigente establece controles anuales reglamentarios y exámenes especiales ante situaciones particulares, una lógica que se replica con matices en el Ejército y la Armada.
En el Ministerio de Defensa analizan introducir instancias adicionales de seguimiento, con especial énfasis en el acompañamiento psicológico continuo y en la detección temprana de situaciones de riesgo. La evaluación incluye reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los que involucran custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.
El Gobierno evalúa además avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas. La discusión se centra en completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó parcialmente pendiente y que la actual conducción del área aún no oficializó. En Nación reconocen que la situación salarial es un factor sensible y que impacta de manera directa en el bienestar del personal.
En la Casa Rosada advierten igualmente que no hay definiciones formales ni fechas confirmadas sobre el incremento salarial. En Balcarce 50 aclaran que cualquier ajuste deberá contar con aval presupuestario de los equipos del ministro de Economía, Luis Caputo. También buscan reestructurar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y combina aspectos operativos, sanitarios y económicos. “No se puede analizar la situación del personal sin mirar todas las variables”, expresan. La prioridad inmediata está puesta en revisar protocolos y reforzar el acompañamiento psicológico, mientras continúan las evaluaciones sobre la cuestión salarial.
La investigación judicial por la muerte del soldado sigue en curso y está a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, que encabeza Sandra Arroyo Salgado. En el Gobierno no dan definiciones sobre el material de prueba que le entregaron a la Justicia tras el inicio de las pericias técnicas en el territorio, aunque aseguran que están “a total disposición”.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado. Hay alta preocupación en la mesa chica del Ejecutivo por las condiciones de los soldados que cubren tareas de vigilancia en el entorno presidencial. Los integrantes del círculo del jefe de Estado analizaron medidas desde que se conoció la muerte de Rodrigo Gómez, que pertenecía al Ejército.