El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida implica la venta del 90% de las acciones de la compañía que actualmente se encuentra en manos del Estado. La medida en vigencia por medio del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida se conoce luego de que el Poder Ejecutivo modificara ayer el marco regulatorio de la empresa estatal para atraer inversión privada y permitir la transferencia de las acciones.
La privatización de AySA se llevará a cabo en dos etapas. En una primera instancia, se realizará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51% del total de acciones a un operador estratégico.
En tanto, el resto de las acciones que no se adquieran en esa primera instancia será ofrecido en bolsas y mercados del país. No se contempla en este proceso el otorgamiento de preferencias para los empleados ni la creación de un nuevo Programa de Propiedad Participada.
La implementación y seguimiento estarán a cargo del Ministerio de Economía, con el acompañamiento de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que ya elaboró un informe técnico sobre el procedimiento más adecuado para la desinversión.
El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización no afecte la prestación del servicio de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
Por qué el Gobierno quiere privatizar AySA
En los fundamentos del decreto se argumenta que “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”.
Se detalla que “entre los ejercicios de los años 2006 a 2023, el Estado nacional realizó transferencias del Tesoro nacional a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por aproximadamente la suma de USD 13.400.000.000″.
El nuevo decreto remarca que, a pesar de ese apoyo financiero, AySA registró «un deterioro en la eficiencia y productividad”, “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
El Ejecutivo sostiene que la intervención del Estado no dio los resultados esperados y que se fue incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, sin que esto genere un gasto mayor en un contexto de emergencia económica. Por este motivo, el Gobierno considera que la participación privada es la vía más eficiente para asegurar la continuidad y mejora del servicio.
Para el Gobierno, la privatización de la compañía estatal se realiza “a fin de contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.