El Gobierno avanza con Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente tecnología china utilizada en redes estatales y crear un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. La iniciativa cuenta con financiamiento del Departamento de Estado y apunta a revisar la infraestructura informática del sector público, definir qué equipamiento debe ser sustituido y ampliar la capacidad para detectar y responder ataques.
En Nación explican que el objetivo incluye cambiar equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales y desarrollar una estructura de monitoreo que hoy el Estado no tiene con ese alcance. El centro funcionará dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no de ARSAT.
El plan coincide con una convocatoria de financiamiento del Departamento de Estado por hasta US$13.912.185, destinada específicamente a la Argentina. El programa prevé un plazo de hasta 36 meses para diseñar, establecer y poner en funcionamiento un centro civil y centralizado capaz de proteger redes gubernamentales e infraestructura crítica.
El documento estadounidense, que circula entre áreas vinculadas con la negociación, es explícito sobre el trasfondo estratégico. Señala que el Gobierno argentino solicitó asistencia para fortalecer su ciberseguridad mediante una transición ordenada hacia tecnología considerada confiable por Washington y reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio.
El texto menciona además directamente el objetivo de avanzar mientras se produce el desplazamiento de equipamiento de origen chino. Estados Unidos plantea que la transición debe acompañarse de una revisión integral de las redes públicas para determinar dónde permanecen equipos considerados sensibles y qué sistemas deben quedar bajo observación del futuro centro.
La primera etapa contempla un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos del Gobierno nacional. El programa prevé confeccionar inventarios actualizados, identificar equipos considerados no confiables y elaborar un orden de prioridades para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.
El segundo eje es construir la capacidad que permita vigilar esas redes de manera permanente. El proyecto incluye sistemas para centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos, cruzar información sobre amenazas y coordinar la respuesta ante incidentes entre organismos públicos.
Washington también propone revisar el marco legal argentino. La asistencia incluye recomendaciones sobre qué atribuciones tendrá el centro, qué información podrán compartir los organismos, cómo se almacenarán los datos y qué responsabilidades tendrá cada área cuando se detecte un ataque o una intrusión.
El programa reserva cerca de US$5 millones para el diseño de la arquitectura tecnológica, además de partidas para evaluaciones de las redes, organización institucional y capacitación. Estados Unidos prevé formar analistas e ingenieros argentinos para que, una vez terminado el período de asistencia, el sistema pueda funcionar sin presencia permanente de especialistas norteamericanos.
El aporte estadounidense, sin embargo, no implica que Washington vaya a financiar todo el reemplazo del equipamiento. El documento establece que la Argentina deberá asumir principalmente la compra de equipos, programas informáticos y los costos de funcionamiento del centro. El Departamento de Estado podrá cubrir componentes puntuales cuando sean indispensables para el proyecto.
La iniciativa profundiza una discusión que la Casa Rosada ya venía manteniendo con Washington sobre los proveedores utilizados en infraestructura crítica. El Gobierno estudia establecer requisitos nacionales de seguridad para redes, centros de datos y otros activos estratégicos, mientras Estados Unidos presiona para reducir la utilización de empresas como Huawei en sistemas sensibles.
La administración estadounidense intensificó ese planteo en los últimos meses. El embajador Peter Lamelas volvió a advertir esta semana sobre los riesgos que Washington atribuye a la utilización de tecnología china y reclamó que la Argentina considere criterios de seguridad, además del precio, al momento de seleccionar proveedores.
China rechaza esas acusaciones. La Embajada en Buenos Aires difundió una declaración en la que cuestionó la existencia de supuestos riesgos derivados de su tecnología, acusó a funcionarios estadounidenses de mantener una “mentalidad de Guerra Fría” y advirtió sobre intentos de trasladar la competencia entre Washington y Beijing a terceros países.
La cooperación bilateral en ciberseguridad también alcanzó al área militar. Equipos argentinos participaron recientemente en Estados Unidos de actividades de capacitación y ejercicios sobre protección de infraestructura crítica y respuesta ante ataques informáticos, en paralelo con la profundización de los vínculos entre ambos países en defensa y seguridad.
En otro carril, ARSAT prepara una licitación pública internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y dentro de la agenda de infraestructura vinculada con el Corredor Andes-Atlántico. Ese proceso contempla renovar equipamiento de las redes óptica y de transmisión de datos y triplicar capacidad.