Después del golpe de carácter preventivo que le aplicó al Grupo Clarín hace tan solo una semana, el Gobierno se concentró durante estos días en mover áreas y funcionarios para construir pasos sólidos que derriben la compra del multimedio de Telefónica, con mensaje incluido. Y más allá del desplazamiento que hubo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Independientemente de la mirada en el armado electoral y lo que pueda suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la administración libertaria avanzó con la composición de un dictamen que, pretenden, sea sólido, elaborado por el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) para demostrar que la adquisición que hizo el multimedio está fuera de la ley.
La idea es que no existan “cabos sueltos” y que lo determinado no pueda ser refutado judicialmente. El expediente ya comenzó a circular por el área de Licencias del organismo que está conducido por Juan Martín Ozores y fue visto por integrantes de la CNDC, un sector que tuvo una modificación de mando.
Precisamente, el 18 de marzo fue designado un abogado, Eduardo Montamat, como nuevo presidente de la CNDC en reemplazo de Alexis Pirchio, quien renunció a dicho cargo el 14 de marzo. En La Libertad Avanza, ante la consulta de PERFIL, se limitaron a señalar que la salida de Pirchio fue por “motivos personales” y de “desgaste” y que nada cambia con el nuevo funcionario por una sencilla razón: su experiencia en el lugar en el que se desempeña y su curriculum vitae. A su vez, porque tiene la orden directa de “ir a fondo” en una batalla que tiene como dato particular a un Javier Milei comprometido, con un tuit fijo contra el conglomerado mediático que lleva como título “Clarín, la gran estafa argentina”, en el que el Presidente cita los beneficios que obtuvo la compañía gracias a gestiones pasadas como la del expresidente Eduardo Duhalde.
Montamat ya sabe de qué se trata el lugar en el que está parado, algo que destacan desde el oficialismo: fue jefe de abogados de la CNDC y vocal entre 1999 y 2003, y se desempeñó como vocal del área desde su nombramiento en enero de 2024 hasta ahora, que pasará a presidir la Comisión Nacional que colaborará con el Enacom con todo lo que esté a su alcance. Su llegada a esa posición, como sucede en otras áreas que intervienen en la operación que realizó el multimedio por 1.245 millones de dólares, tuvo el visto bueno de Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial que ocupa con hombres de su confianza los principales casilleros de la gestión actual.
Ni «Ley de Medios» ni derogar el decreto de Macri
Como pudo reconstruir este medio, se siguen descartando acciones de máxima envergadura en este combate. Si bien el Gobierno le aplicó un primer golpe a la compañía con la suspensión de manera preventiva de la compra de Telefónica por parte de Telecom, por intermedio de la secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía, y obligó mediante intimación a Telecom a mantener las autoridades españolas de Telefónica, no evalúa edificar una nueva ley de Medios contra el multimedio. Ni derogar el decreto 267/2015 de Mauricio Macri que suspendía la ley de Medios del kirchnerismo.
En LLA solo prometen, además de “ir a fondo”, con cumplir “con la ley”. En esa línea, recuerdan cuestiones que están vigentes en normativas y que refuerzan el concepto de que la operación de Clarín sólo contribuye a establecer un monopolio en el espacio radioeléctrico.
Una, es que si una empresa quiere brindar servicios de 4G y 5G tiene topes máximos de bandas, con el objetivo de evitar concentración. Algo que queda establecido en los pliegos de la licitación, por lo cual cada empresa sabe de antemano que si participa de esa licitación tiene que cumplir con estos requisitos.
La otra, es que si con una operación privada se violan los topes establecidos, la firma que se encuentra en falta deberá adecuarse devolviendo el excedente al Estado, sin resarcimiento económico. Posteriormente, será el Estado quien decida qué hará con ese espectro disponible. Todo un mensaje para Clarín.
En relación al tema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó la línea argumentativa del oficialismo en la última semana en declaraciones radiales: “Hay una cuestión absolutamente técnica que está precisamente regulada en la legislación y que establece cuál es la cantidad máxima de espectro que puede tener un concesionario de telefonía. Y en este caso, al fusionarse ambas empresas, esa es la intención de Telecom al adquirir Telefónica, se supera largamente esa cantidad de espectro y se convierte en una especie de oligopolio”.
Fuente: Perfil